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Catalá debe dimitir

Por Joaquim Bosch / Viñeta: Igepzio. Jueves, 3 de mayo de 2018

@JoaquimBoschGra

El ministro Catalá debe dimitir por sus declaraciones contra el juez que dictó su voto particular en la sentencia contra La Manada, pero esta afirmación requiere una explicación previa para que se me entienda. En mi opinión, la condena contra los cinco acusados debería haber sido por violación y no por abusos sexuales. No estoy de acuerdo con la sentencia y mucho menos con el voto particular del magistrado discrepante. Pero no podemos convertir esta sentencia en un hecho aislado, ya que es la continuación de muchas resoluciones que demuestran las carencias en el ámbito de la protección de las víctimas, demuestran las carencias en el ámbito de la violencia de género, y demuestran las carencias institucionales. Por ello precisamente me parece lógico que la sociedad pueda plantear críticas a esta sentencia pero el que no debería hacerlas de ninguna de las maneras es el ministro de Justicia. Porque Catalá es el responsable de que en el  Código Penal español no esté incorporado el Convenio de Estambul y existan categorías jurídicas por las cuales una penetración sexual sin consentimiento de una mujer a la que se ha drogado o de una niña de 14 años sin su permiso no está considerada violación ni agresión sexual. Esto es responsabilidad de un ministro que ha tenido mayoría absoluta y todas las facilidades para modificar el Código Penal, como también para introducir en las normas nuevas perspectivas sobre la violencia de género y la protección a las víctimas. Por tanto, que un ministro que debería haber resuelto todo esto no lo haya hecho y que encima, cuando se le piden responsabilidades las desvíe, descalificando al tribunal en términos que no deben ser compartidos, no es asumible. Me parece correcto que se pueda criticar una sentencia o un voto particular, pero una cosa es criticar y otra insinuar que un juez o magistrado está mal de la cabeza. Y a mí me consta que esto además no es cierto.  Por tanto, la crítica debe ser hacia la resolucion judicial y no una forma de desviar la responsabilidad del propio ministro en un contexto de estallido de casos de corrupción con el escándalo Cifuentes, con los jueces y fiscales que llevamos haciendo paros y concentraciones para protestar contra la falta de medios de la Justicia y por la injerencia de los políticos. Por tanto, lo que hace el ministro es desviar sus propias responsabilidades, que son muchas, de manera oportunista y electoralista, y llevarlas a un terreno que no le corrresponde como ministro. Críticas a la sentencia sí, pero el ministro no es el más indicado y por eso creo que debe dimitir.

Los hechos probados por la sentencia de La Manada relatan que la denunciante fue llevada por cinco hombres a un reducido habitáculo y allí, sin su consentimiento, sufrió múltiples penetraciones vaginales, anales y bucales. A pesar de ello, el tribunal considera que no hubo intimidación (en términos jurídicos), por lo que condena por abusos sexuales y no por agresión sexual. Como magistrado creo que debe respetarse al tribunal, que es el órgano competente en primer grado para resolver, a la espera de los recursos. Pero pienso que los propios hechos probados habrían de llevar a otra interpretación, para determinarse que sí concurrió intimidación, violación y agresión sexual.

Mi discrepancia con la sentencia es bastante clara. Creo que concurre intimidación y que la condena debería haber sido por violación y agresión sexual, como he escrito en otros artículos. Una cosa es discrepar y otra atacar a los miembros del tribunal, algo que tenemos prohibido los jueces y que es una norma muy razonable. Sobre el voto particular, me parece más sólida la argumentación de la sentencia que considera que no hubo acceso carnal consentido. El magistrado disconforme está de acuerdo con la versión de los acusados y dice que la denunciante buscaba sexo en grupo, pero dicho razonamiento me parece mucho menos consistente que el de la sentencia.

Esa diferencia entre agresión sexual y abusos sexuales está en el Código Penal y efectivamente es discutible criminológicamente. De hecho, la mayoría de los abusos sexuales que nos llegan a los juzgados son tocamientos sin penetración. Está claro que un caso como el de La Manada está mucho más cerca de lo que hoy es legalmente agresión sexual que de unos simples tocamientos. Por eso se deberían analizar cambios de configuración. Bastantes juristas reclamamos una mayor formación desde una perspectiva de género. La mirada tradicional masculina no es capaz de entender lo que siente una mujer en estas situaciones. Resulta necesario incorporar esa perspectiva de género, porque tenemos una jurisprudencia muy masculinizada. Ha mirado casi siempre los hechos desde los ojos de los hombres. Hay todo un reguero de sentencias que parecían juzgar más a las víctimas que a los agresores o que pedían a la mujer una resistencia casi heroica. Desde una mirada de género se entienden mejor estas cuestiones a los efectos de calificar los hechos.

El tribunal lo ha tenido muy en cuenta a la hora de considerar que no hubo sexo consentido. Lo que argumenta la sentencia es que con la apropiación del teléfono lo que se buscaba es que la víctima no pudiera pedir ayuda, lo cual sería un indicio de conocimiento por parte de los acusados de la ilicitud de su conducta. Pero el tema de la intimidación se sitúa en otro plano, que no es el de la determinación de los hechos probados, sino el de la valoración jurídica.

No hay igualdad en la cúpula de la judicatura, que es la que genera la jurisprudencia más relevante. Y eso favorece las visiones más machistas y dificulta una perspectiva de género. El caso de La Manada acabará llegando a la sala penal del Tribunal Supremo, que tiene 15 integrantes: 14 hombres y una sola mujer. Y eso que en la profesión hay más juezas que jueces.

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