González de la Cuesta, Número 96, Opinión
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Cadena perpetua

Juan Carlos Quer, padre de la joven asesinada Diana Quer.

Por José Manuel González de la Cuesta. Viernes, 6 de abril de 2018

González de la Cuesta

Permanente y revisable. Es el nuevo eufemismo para que la derecha más casposa del país siga cerrando la tuerca de los derechos humanos en España. Porque de eso se trata: ir apretando el concepto de libertad que se define por el respeto de los derechos humanos para sustituirlo por una libertad vigilada, encarcelada y, si es posible, sustituirla por el miedo a la inseguridad.

Esa es la palabra clave: miedo. Una sociedad cargada de miedos es una sociedad dócil y fácilmente manejable. El miedo frente a la libertad es el principio de donde nacen todas las dictaduras, electoralistas o no. Porque visto lo visto, la facilidad con que la propaganda oficial, mediante unos medios de comunicación poderosísimos –cuanto más controlados y al servicio del poder, más poderosos– nos inocula el miedo, aunque sea mediante la construcción falsa de la realidad, hace de la democracia un sistema secuestrado, temeroso y bobalicón al servicio del poder más conservador y autoritario; me atrevería, incluso, a calificarlo de “demofascista”.

Primero nos quitan el bienestar mediante reformas económicas y laborales que sólo tienen como objetivo empobrecer a la mayoría de la población para que, agobiados por los gastos y la pérdida de poder adquisitivo, nadie se atreva a reclamar un reparto de la riqueza más equitativo. Después, convierten el derecho a ejercer la libertad de opinión, expresión y manifestación en un ejercicio de riesgo que puede acabar con nuestros huesos en la cárcel. En el tercer paso, terminarán con nuestra dignidad, ya están en ello, convirtiéndonos en seres sometidos a un poder capaz de anularnos como personas, que es el último escalón antes de llegar a la esclavitud. Eso sí,  una esclavitud edulcorada por una realidad virtual que nos tiene más secuestrados que nunca.

Toda la campaña que estamos sufriendo sobre la prisión permanente revisable va en esa dirección: crear espacios de miedo en nuestras mentes, generando una falsa realidad de inseguridad, que nos haga aceptar, como borregos dirigidos al corral, medidas cercenadoras de los derechos humanos. De nada sirve que los datos estadísticos desmientan la necesidad de aplicar esas normas regresivas en cuento a seguridad (España es uno de los países europeos con menor índice de criminalidad). El coro de vestales mediáticas ya se encarga de ocultarlas o directamente cuestionarlas, en un ejercicio de cinismo que debería ser objeto de mofa, si no fuera por el peligro que encierra. No hay más que ver los telediarios de la mayoría de las cadenas, dóciles con los dictados del Gobierno, convertidos en una mala versión televisiva de El Caso,  por no hablar de la descarada campaña que hace la RTVE en favor de la cadena perpetua, dedicando minutos y minutos para convencernos de los bondades de una norma que se salta la Constitución a la torera, como siempre que a la derecha nacional le viene bien, en un acto de propaganda dignos de los más acerados tiempos franquistas.

Pero lo más vergonzoso, lo que produce a muchos urticaria, es la falta de moral democrática y de ética cívica que tienen los partidos conservadores, utilizando a las víctimas como arietes de sus intereses coercitivos de la libertad. Lo hicieron con las víctimas de ETA, convertidas en corifeos de las políticas antiterroristas del ultraconservadurismo patrio y lo están haciendo ahora con los familiares de víctimas de casos execrables y muy mediáticos. Pero un país no puede dejar el dictado de su código penal en quienes se sienten dolidos por haber padecido la salvajada de asesinos sin escrúpulos. Bueno, no sé si hay algún asesino con escrúpulos.

El criterio penitenciario en España es de reinserción del preso y así ha funcionado con éxito desde que se instauró la democracia. Eso nos diferencia de otras sociedades que sólo buscan la venganza cargada por el odio hacia quien delinque. Así lo recoge nuestra Constitución en su artículo 25.2 y no parece que se hayan dado unas circunstancias de alarma delictiva superior al momento de redacción del texto constitucional, que hagan modificar el criterio de reinserción, más allá del interés de convertir España en un país ajeno a los derechos humanos.

Los argumentos que se esgrimen en favor de la cadena perpetua son torticeros y fundamentados en falsedades. Argumentos que alimentan la creencia de impunidad de los delincuentes, cuestionando el poco rigor de la justicia y la política penitenciaria. Me hago una pregunta: ¿en un país con el índice de criminalidad más bajo de Europa, es necesario aplicar medidas regresivas en política penitenciaria? Sinceramente creo que no, al igual que muchos juristas lo creen. Salvo que se pretenda generar un estado de inseguridad generalizada, algo a lo que están contribuyendo generosamente los grandes grupos mediáticos que como ya he dicho sólo tienen como objetivo inocular el virus del miedo en la sociedad. Un miedo que se acabará utilizando para reclamar la pena de muerte, con los mismos argumentos, si no se pone remedio.

La línea entre la libertad y la seguridad, los derechos y el miedo, tiene un tamaño inversamente proporcional al nivel cultural de una sociedad, a la facilidad con la que se deja engañar. Y qué mejor que, en el caso de la prisión permanente revisable, apelar al dolor de los familiares de las víctimas, a la tristeza y la rabia que produce el crimen cuando las víctimas son niños o niñas o jóvenes, para dejarnos llevar empáticamente hacia lo que el poder quiere.

Que otros países tengan legalizada la cadena perpetua no es ningún consuelo, es más, debería ser una prioridad que en España se derogara, volviendo a la situación que establece la Constitución, porque es un signo de civilidad del que deberíamos sentirnos orgullosos. Por tanto, más allá de las campañas de propaganda, de los familiares de las víctimas, del ministro de Justicia y el Gobierno en pleno, ha sido una necesidad de higiene democrática lo sucedido hace días en el Congreso: la derrota de las fuerzas ultraconservadoras aprobando la derogación de la prisión permanente revisable, que se ha tratado de empañar en los fuegos de artificio de un debate parlamentario duro en el que algunos han hecho gala del populismo más faccioso.

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