Artsenal, Humor Gráfico, L'Avi, Número 96
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Análisis: Puigdemont, una piedra en el zapato de Rajoy

Por Redacción de Gurb-Efe / Ilustración: L’Avi / Artsenal. Sábado, 7 de abril de 2018

   Análisis

La puesta en libertad de Carles Puigdemont confirma lo que venían advirtiendo numerosos juristas españoles de reconocido prestigio: el delito de rebelión, tal como se recoge en nuestro código penal, exige un alzamiento violento y resultaba más que evidente que el ‘proces’, pese a las tensiones sociales que ha generado, siempre ha sido un movimiento ciudadano pacífico. La Fiscalía teledirigida por el PP ha cometido un grave error jurídico y el juez alemán así lo ha considerado. Este revés judicial debería hacer recapacitar al Gobierno español acerca de la estrategia que ha seguido en los últimos meses para tratar de hacer frente al envite soberanista. Insistimos una vez más: se trata de un problema político que debe ser resuelto por cauces políticos y tratar de judicializarlo, pasándole la patata caliente a jueces y fiscales, no hace más que empeorar la situación. Rajoy debería tomar nota, abrir de inmediato una mesa de diálogo sin condiciones y replantearse sus medidas exclusivamente represivas antes de que la ONU, Estrasburgo y finalmente Bruselas terminen dándole un serio tirón de orejas. Si los miembros del Govern cometieron delitos o no es algo que deberán juzgar los tribunales, pero la puerta a la negociación política siempre debería estar abierta y esa puerta, hoy por hoy, Rajoy la sigue teniendo cerrada a cal y canto en otro inmenso error histórico.

Los peores augurios para el Gobierno de Rajoy se hacían realidad en la tarde del jueves, cuando el Tribunal Regional Superior (OLG) de Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania, dictaba libertad bajo fianza de 75.000 euros para el expresidente catalán e indicaba que la extradición es posible en base al delito de malversación, pero no al de rebelión. De esta forma, la sede jurisdiccional rechazaba la petición formulada por la Fiscalía regional alemana que, tras examinar la euroorden emitida por el Tribunal Supremo español, pidió a la corte territorial de Schleswig-Holstein que mantuviera a Puigdemont en prisión provisional por el riesgo de fuga.

En cuanto a los cargos por los que España pide la extradición, los jueces de Schleswig-Holstein han alegado que la malversación es un delito punible por la legislación alemana. En cambio, consideran que el cargo de rebelión no es apreciable bajo el derecho penal alemán porque, según sostienen, en este caso no ha habido violencia. “El delito de alta traición (tipo penal alemán con el que se compara el delito español de rebelión) no se cumple porque no se aprecia la característica de violencia”, reza el comunicado. La violencia, según explica el Tribunal Regional, debe llegar al punto de poder doblegar la voluntad del Estado y “no es el caso”. Es decir, hubo violencia de un sector de la población agitada por los líderes independentistas en los primeros días de octubre, pero no fue lo suficientemente importante como para que pueda deducirse que a causa de ella se puso en peligro la estabilidad del Estado español. Este análisis de los jueces germanos echa por tierra el relato construido en los últimos meses por el juez del Tribunal Supermo Pablo Llarena, que ha ordenado encarcelar a los principales líderes del movimiento independentista precisamente por considerar que promovieron graves actos de violencia. ¿Qué pasará a partir de ahora con Oriol Junqueras y el resto de políticos presos? ¿Cómo se sostiene que puedan ser juzgados por rebelión cuando un tribunal alemán considera que no existió tal violencia alegada por Llarena? Un juicio en el que los artífices de la supuesta rebelión son juzgados por ese delito mientras su jefe solo es procesado por malversación de caudales públicos resultaría otra imagen distorsionada y hasta surrealista de la Justicia española que en Europa se interpretaría como una especie de dislate. Llegados a este punto cabe preguntarse por qué el juez Llarena, un magistrado al que se considera experimentado, insistió tanto en apreciar el delito de rebelión, siendo consciente como era de que el requisito de la violencia estaba traído por los pelos. Quizá hubiese sido mejor haber iniciado el proceso penal contra todos los implicados solo por desobediencia o incluso por conspiración, una figura jurídica que quizá hubiese encajado mejor con las legislaciones penales europeas como la alemana, donde se contempla el análogo delito de alta traición.

Y ya que hemos entrado en una nueva fase de la truculenta historia del conflicto catalán cabe preguntarse: ¿qué pasará a partir de ahora con Puigdemont? ¿Seguirá manteniéndose a un lado dejando que otros piloten la nave virando hacia posiciones más autonomistas o decidirá ponerse de nuevo al frente de la tropa convirtiéndose en una especie de Cid Campeador a la catalana? En una entrevista reciente, Carles Puigdemont aseguró que si la Justicia alemana le dejaba salir de la cárcel, bajo la condición de quedarse en el país, no trataría de huir, abriendo la posibilidad de instalarse en Berlín. Por lo visto, los magistrados de Schleswig-Holstein han confiado en sus palabras al estimar que si bien es cierto que “existe riesgo de fuga”, como la extradición por cargos de rebelión es inadmisible, tal riesgo se “reduce sustancialmente”. Por ese motivo han decidido dejar libre al expresidente de la Generalitat previo pago de una fianza de 75.000 euros. Mientras tanto, Puigdemont ya ha salido de la prisión de Neumünster y como era de prever no ha perdido ni un solo segundo para convocar una rueda de prensa ante una multitud de periodistas de todo el mundo solo para sacar pecho de su supuesto triunfo, convirtiéndose a sí mismo en el héroe de la película y gritando de paso, a los cuatro vientos, que “es una vergüenza para Europa tener presos políticos”. Sin duda, el honorable no ha debido leerse la resolución de los jueces alemanes, y si lo ha hecho no se entiende cómo sigue manteniendo que España no es una auténtica democracia, ya que los propios magistrados germanos se han encargado de dejar muy claro en su auto que Puigdemont no es una víctima de persecución política en nuestro país.

No obstante, resulta evidente que la puesta en libertad del líder del PDeCAT da oxígeno al bloque independentista, que parecía desorientado y algo desarbolado en las últimas semanas, como demuestran las recientes acciones de los Comité de Defensa de la República, los famosos CDR, que han lanzado acciones callejeras a la desesperada con el objetivo de seguir manteniendo viva la llama del ‘procés’. “A partir de ahora empieza el mambo”, aseguraban ayer fuentes de ERC en una especie de anticipo de lo que muy posiblemente vendrá en los próximos días: un refuerzo de las tesis secesionistas, una vuelta a la carga, quizá por la vía unilateral, y una reafirmación de que Cataluña es, hoy en día y de facto, una república independiente, cuando en realidad esa idea no supone más que seguir alimentando una ensoñación delirante e inalcanzable. De hecho, nada más conocerse la decisión del juez alemán de no conceder la extradición por el delito de rebelión se ha desatado la euforia en las redes sociales entre los seguidores independentistas, quienes consideraran que la medida no solo pone en jaque toda la instrucción del juez Llarena, sino también las tesis políticas del Gobierno de Madrid. Desde que se agravó el conflicto tras el referéndum del 1 de octubre, los separatistas no habían consechado una victoria internacional de tal calibre y eso sin duda les dará alas paras seguir con el ‘procés’ de construcción de su República. Roger Torrent, presidente del Parlament, celebraba la noticia y afirmaba que los grupos independentistas siempre han defendido que no hubo violencia. “El delito de rebelión es totalmente infundado. Se tiene que acabar ya esta persecución política basada en un relato completamente falso”, manifestó en las redes sociales. Por su parte, la CUP ha exigido que el independentismo dé ya el paso e invista a Puigdemont como presidente en un nuevo desafío al Estado español: “Su libertad en Alemania es una victoria republicana, confirmémosla invistiéndolo presidente”, aseguraron los antisistema en un comunicado. Ambas declaraciones vienen a confirmar lo que muchos se temían: que España no solo ha perdido la batalla mediática internacional (hábilmente planificada por el bloque soberanista) sino que está en vías de perder también la judicial. ¿Qué salida quedará después? ¿Volver a llevar a la Brigada Piolín a Barcelona, meter los tanques y la legión en la Diagonal, declarar el Estado de sitio, suspender eternamente la autonomía a golpe de 155 y ulsterizar Cataluña por una década? Urge por tanto una solución por la vía del diálogo y la negociación. Estamos nuevamente en la casilla de salida. Solo que con la sociedad catalana partida por la mitad y dos claras derrotas cosechadas por el Gobierno de Rajoy –la mediática y la judicial– por culpa de su ceguera, su intransigencia y lo que es aún más preocupante: su conservadurismo ultranacionalista trasnochado tan nocivo y tóxico como pueda ser el independentista.

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