Artsenal, González de la Cuesta, Humor Gráfico, Número 90, Opinión
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Salamanca, Lérida, Sijena

Por J.M. González de la Cuesta / Ilustración: Artsenal. Viernes, 12 de enero de 2018

González de la Cuesta

El 13 de enero de 2013, el Tribunal Constitucional pone fin a una larga disputa, que venía manteniéndose desde los años 80 del siglo pasado, entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno Central, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Salamanca. El objeto de tan larga y enconada querella se debía a la reclamación por parte de la Generalitat catalana de cientos de miles de documentos, públicos y privados, que fueron expoliados por Franco, cuando las fuerzas golpistas ocuparon Cataluña y enviados a Salamanca, donde se encontraba el cuartel general del ejército franquista, con el fin de evaluar la documentación y, de paso, fichar a más de tres millones de republicanos, para lo que ustedes pueden están imaginando.

Fue este caso, el de los ‘Papeles de Salamanca’, el primer gran encontronazo que el nacionalismo catalán y español estuvieron agitando, como es preceptivo en cualquier buen nacionalismo, a la sociedad hacia el enfrentamiento, por asuntos que la mayoría de los que se manifestaban desconocían, pues las autoridades sólo daban el argumento de nos quieren robar o nos han robado.

Legalmente el conflicto se zanjó en 2005, cuando el Congreso de los Diputados aprobó una ley, para que se devolvieran a Cataluña los documentos sustraídos al final de la Guerra Civil. Pero políticamente el conflicto se recrudeció al ser utilizado por el Partido Popular para desgastar al gobierno de Zapatero y atizar el nacionalismo español contra el catalán. Frases como la dicha por el alcalde de Salamanca: “La Ley pone el patrimonio de Castilla y León y de los españoles en manos de quienes se sienten más cercanos a los terroristas de ETA que a los españoles” o de Eduardo Zaplana: “la primera ley cultural que aprueba este Gobierno sea para deshacer un archivo nacional”, como si Cataluña no perteneciera el territorio nacional, dan prueba de la magnitud del conflicto, que dio pie a un reguero de recursos, liquidados por el Tribunal Constitucional, como ya se ha dicho al principio del artículo, dando la razón a los que reclamaban la devolución.

Después del enfrentamiento, en el que los catalanes, muy activamente desde los sectores nacionalistas, reclamaban lo que les pertenecía, sorprende que ahora se sientan tan ofendidos por tener que deshacerse de un tesoro cultural compuesto de 44 piezas históricas, que los tribunales han decido se tiene que devolver a Aragón, anulando así la venta que hicieron la Hermanas San Juanistas de la Orden de Malta a la Generalitat de Cataluña en 1983, sin las correspondientes autorizaciones gubernativas, al tratarse de una parte inseparable del monasterio de Sijena, declarado monumento nacional en 1923.

Cierto que las monjas vendieron lo que no era suyo; cierto que alguien debería devolver a la Generalitat de Cataluña el importe pagado por la compra; cierto que esta no se debió preocupar mucho, entonces, de comprobar que toda la documentación para la venta estaba en regla; cierto que la justicia no ha tenido el don de la oportunidad, en un momento tan sumamente delicado en Cataluña, para un conflicto que lleva años en litigio; cierto que el Gobierno puede estar haciendo un abuso de poder al aplicar el artículo 155 para algo que no está pensado, echando así más leña al fuego del independentismo, que no ha tardado en flagelarse con el cilicio de víctima del Estado español. Pero no es menos cierto que el Gobierno de Aragón lleva esperando desde 2015 que le devuelvan las piezas y la Generalitat de Cataluña ha hecho oídos sordos, al igual que lo hizo en su momento la Junta de Castilla y León con los ‘Papeles de Salamanca’.

Al final, asuntos que deberían dirimirse en el seno de la concordia y sin tanto ruido mediático, se convierten en arietes del nacionalismo, por culpa de unos políticos que tienen la habilidad de contaminarlo todo para satisfacer sus intereses partidistas o nacionalistas que, a veces es lo mismo. Hoy los catalanes, unos pocos, se sienten ofendidos, víctimas de esa conjura española que sólo trata de humillarles, como en su día se sintieron expoliados los salmantinos. Mientras tanto, suma y sigue en un conflicto entre el nacionalismo catalán y el español que parece no tener fin, incluso dispuesto a destruir la convivencia regional, si esto sirve para esconder los gravísimos problemas que tiene el país.

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