Álex, Humor Gráfico, Número 90, Opinión, Óscar González
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Me encanta el olor a democracia por las mañanas

Por Óscar González / Viñeta: Álex, la mosca cojonera. Viernes, 12 de enero de 2018

Óscar González

Cuando el año pasado mandamos a Gurb de vuelta a su planeta a pasar las vacaciones navideñas, faltaba algo menos de una semana para la repetición de elecciones en Cataluña. ¿Se acuerdan? Sí, esas que se convocaron tras una disolución ilegal del Parlamento catalán y que iban a devolver de golpe (de golpe de porra, para más detalles) a los díscolos catalanes al redil de nuestra democracia posmoderna.

Sin embargo, pese a lo balsámico que es para cualquier democracia que los gobiernos se pasen la voluntad popular por el forro de los kinders, y gracias a ese humor irónico que se gestiona la realidad española, el resultado de la repetición electoral no arregló nada en absoluto. Si acaso, ha servido para consolidar al repuesto del PP convirtiendo a Inés Arrimadas en la primera mujer en ganar unas elecciones en Cataluña, lo que supongo que es positivo desde el punto de vista del feminismo; por sacarle algo bueno al dato, vamos.

A lo que sí podemos sacarle una lectura positiva es a la exquisita hostia que se llevó el repugnante y xenófobo Albiol, que no podrá siquiera tener grupo parlamentario propio, lo que aboca al PP a irse al grupo mixto junto con el otro partido que no ha llegado a los cinco escaños: las CUP. Pagaría por asistir a las reuniones de trabajo, porque fijo que son risas.

Hay cosas, en cambio, que no van a ser materia para chanzas ni buen humor, salvo entre la caterva de asquerosos que desfilan por 13tv  y las redes sociales de la derechona patria: la primera de ellas, que el movimiento independentista ha hecho salir de su agujero a la parte más oscura del autoritarismo español. No me refiero solo al hecho de que hayamos visto a muchos sacar a pasear –por la unidad de España, eso sí– sus banderas con más pollos que las granjas de Coren, sino más bien a la preocupante resolución del Tribunal Supremo sobre la puesta en libertad de Oriol Junqueras.

Entre las múltiples interpretaciones cogidas con pinzas que trufan el auto, hay un par especialmente inquietantes. La primera dice que el bloque independentista se encontraba en el poder  y, por tanto, no necesitaba servirse de la violencia para alcanzar sus fines (“lo hacían desde el ejercicio del poder, lo que explica que no necesitaran utilizar en ese momento la violencia para asaltar el mismo como paso previo para la ejecución del plan”, literalmente), por lo que se obvia de forma pornográfica la falta uno de los requisitos del tipo objetivo de la rebelión, tal es la violencia.

Para suplirla, se acude a una segunda pirueta: la de argumentar que Junqueras tendría que haber imaginado que se podrían producir actos de “violencia legítima” por  parte del Estado como respuesta a la convocatoria del referéndum del 1-O. Esta argumentación delirante choca de frente con la redacción del artículo 472 del Código Penal, cuyo primer párrafo establece que “son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente (…)”. Desde el punto de vista de la mera concordancia gramatical, parece obvio que los que han de actuar con violencia son los presuntos rebeldes (mezcla de grupos pop de los ochenta), por lo que la interpretación del TS se hace difícil de digerir, más todavía si se tiene en cuenta que la galería de reacciones por parte del Gobierno no se circunscribe solo a la respuesta violenta, sino que tiene a su disposición una gran cantidad de herramientas con las que podría haber respondido al “desafío independentista”.

Piénsenlo un segundo: de aceptar como válido el planteamiento, se estaría imponiendo a la ciudadanía española una obligación abstracta de anticipar las posibles respuestas a cualquier acción de relevancia social, bajo riesgo de que se produzca una traslación de la responsabilidad penal del agresor al agredido. Un auténtico despropósito en cualquier sistema jurídico democrático, fuera de supuestos como la legítima defensa (donde juega también un papel fundamental la proporcionalidad, un tema fascinante desde la óptica de unas personas votando y unos antidisturbios fostiándolos).

Pero la cosa se torna todavía más oscura si se extrapola el razonamiento del Supremo, por ejemplo, al derecho de reunión, pues se convierte en penalmente responsables a los ideólogos de cualquier manifestación que devenga en un enfrentamiento con la policía u otras autoridades, fuera este previsible o no, lo que en la práctica abre una puerta muy jodida a la represión de las movilizaciones por parte de los gobiernos.

A modo de conclusión, el CGPJ se mostró ya en 2014 contrario a la interpretación extensiva de las responsabilidades por disturbios en actos públicos en su informe sobre la Ley Mordaza. En concreto, el máximo órgano de gobierno de jueces y magistrados consideró que “el establecimiento de la responsabilidad conjunta de los organizadores y promotores de las reuniones y manifestaciones en todas las infracciones relativas a actos de este tipo en lugares de tránsito público contraviene el principio de personalidad de la sanción, al hacerles responsables de la conducta de un tercero más que de la propia”.

Al Supremo, en cambio, no le ha importado. Porque Junqueras es un enemigo del Estado y para el enemigo existe un derecho penal especial. Porque el enemigo es menos que un ser humano y como tal ha de ser tratado.

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Alex, La Mosca Cojonera

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