Artsenal, Humor Gráfico, Número 86, Opinión, Óscar González
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Puertas que no deberían abrirse…

Por Óscar González / Viñeta: Artsenal. Viernes, 3 de noviembre de 2017

@Morgoski

Los delitos de sedición y de rebelión aparecen contemplados en el código penal español en los artículos 544 a 549 y 472 a 484, respectivamente. Al primero de ellos se le reserva una pena que oscila entre los ocho y los quince años, mientras el segundo lleva aparejadas condenas de hasta veinticinco años, según el reo sea organizador, autor intelectural o mero partícipe.

Esas condenas, de las más altas que contempla nuestra norma penal en todo su articulado, responden a una doble motivación: en primer lugar, la naturaleza de los bienes jurídicos protegidos (en este caso, el orden público, concretado en la Constitución y el principio de autoridad), de una importancia extrema para cualquier colectivo humano que pretenda una mínima organización social ya que, según la teoría jurídica, solo ese orden público permite el normal ejercicio de los derechos y libertades ciudadanas. En segundo lugar, porque ambos tipos penales requieren la puesta en práctica de una violencia de mayor o menor intensidad y que, en un grave error normativo, no se concreta qué se entiende como tal.

Este segundo requisito es el que más reticencias plantea al analizar los delitos que se imputan a los miembros del Govern de Cataluña, pues no sabemos si estamos viendo un ejercicio de aplicación de la norma penal en defensa de los intereses de la sociedad, o una venganza estatalizada contra aquellos que se han atrevido a sacudir el inmovilista tablero de juego.

Sorprende encontrar una calificación tan dura para unos presuntos delitos en los que falta una de las partes más importantes de los tipos penales de sedición y rebelión: la violencia. Pretender, como hemos escuchado, hacer una interpretación extensiva del texto del Código Penal es un doble error, porque el derecho penal se rige por el principio de legalidad (en resumen: aquello que no está expresamente prohibido, está permitido) y el de tipicidad, que describe cómo, para que haya delito, ha de existir una estricta adecuación de la conducta punible a la definición de la misma hecha en la ley. De esta forma, se minimizan los tipos abiertos ─característicos, entre otros, del derecho penal de la Alemania nazi─, que trasladan la definición del hecho punible desde el legislador al juez, dado que se deja a la voluntad de este último la calificación de la conducta.

Subvertir el orden constitucional es un término que ejemplifica a la perfección los riesgos inherentes a la indefinición de un tipo abierto: si subvertir es (según la RAE) “trastornar o alterar algo, especialmente el orden establecido“, es subversión dar un golpe de Estado, pero también lo es convocar una manifestación para reclamar que el derecho a la vivienda pase a ser un derecho fundamental. No hablemos ya de plantarse a la puerta de un edificio para intentar evitar que los pitufos consumen el desahucio de turno, una conducta que encaja a la perfección en el 544, salvo por el concepto de “alzamiento”.

Y algo similar ocurre en Cataluña: manifestarse de manera pacífica, llamar a la manifestación o apelar a la desobediencia civil contra las resoluciones judiciales como la anulación del referéndum, puede constituir muchas cosas, pero bajo ninguna circunstancia supone rebelión o sedición, porque falta una parte esencial del tipo objetivo, de las características técnicas del delito, por decirlo llanamente.

Conviene ser prudentes al envolverse en las banderas de la democracia y la legalidad, no sea que aquellos que se autodefinen adalides de las mismas acaben siendo los máximos enemigos de ambas. Como país, tenemos en esto unos antecedentes nada halagüeños.

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@ARTSENALJH

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