Análisis, Artsenal, Humor Gráfico, Número 86
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Editorial: La prisión de los miembros del Govern agrava la crisis catalana

Ilustración: Artsenal. Viernes, 3 de noviembre de 2017

   Editorial

La decisión de la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de ordenar el ingreso en prisión de nueve miembros del Govern de la Generalitat por haber impulsado el proceso soberanista vuelve a arrojar más combustible a la ya ardiente hoguera del conflicto catalán. En los últimos días, Mariano Rajoy había llevado a cabo una jugada maestra: aplicar el artículo 155 de la Constitución con el objetivo de intervenir las instituciones catalanas y al mismo tiempo convocar elecciones autonómicas el 21 de diciembre para que sea el pueblo catalán quien se exprese en las urnas. Ese movimiento de ajedrez del presidente del Gobierno había contribuido a relajar un tanto el clima de tensión y crispación política, que llegó a alcanzar niveles insoportables durante todo el revolucionario mes de octubre que pasará a la historia de España. Con Puigdemont refugiado en Bélgica, el Gobierno autonómico cesado al completo y unas elecciones a las puertas, el independentismo catalán parecía confuso, desorientado, y las aguas volvían a cierto cauce constitucional. Resultaba evidente que el jaque mate de Rajoy había surtido efecto, llevando a las fuerzas independentistas a cierto grado de desmoralización y frustración y obligándolas incluso a tener que participar en unos comicios, los del 21D, que consideran impuestos por Madrid. Sin embargo, la decisión de la magistrada de la Audiencia Nacional de encarcelar por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos a buena parte del equipo de gobierno del president Carles Puigdemont –Oriol Junqueras (ex vicepresidente del Govern) Jordi Turull (ex consejero de Presidencia), Josep Rull (ex consejero de Territorio), Meritxell Borràs (ex consejera de Gobernación), Joaquim Forn (ex consejero de Interior), Raül Romeva (ex consejero de Asuntos Internacionales), Dolors Bassa (ex consejera de Trabajo) y Carles Mundó (ex consejero de Justicia)– vuelve a dar un vuelco radical al panorama político en Cataluña. De entrada, su auto judicial de prisión incondicional servirá para dar oxígeno al victimismo soberanista, aumentará la tensión en las calles y el riesgo de desestabilización. Una vez más, los soberanistas tienen argumentos para su retórica.

Lamela ha tomado una decisión jurídica que tendrá consecuencias políticas a corto y medio plazo y no solo eso, sino que no pocos juristas de reconocido prestigio empiezan a cuestionar su orden de ingreso en prisión sin fianza para los nueve acusados al considerarla cuanto menos “desproporcionada”. Su interpretación del delito de rebelión es más que discutible, ya que en ningún momento existió un alzamiento “violento y público” por parte del Govern de la Generalitat, como sí existió en el caso de los guardias civiles amotinados durante el intento de golpe de Estado del 23F de 1981. Todo lo más, a Oriol Junqueras y los suyos se les podría acusar de conspiración para la sedición, un delito que lleva aparejado penas bastante más suaves. En cuanto a la prisión provisional para los querellados, tampoco se antojaba necesaria, ya que ninguno de ellos parecía querer darse a la fuga ni estar dispuesto a reincidir en su intento de proclamar la independencia. Sin embargo, todos han dormido su primera noche en prisión, asumiendo ya el papel de mártires de la patria catalana, que a fin de cuentas era lo que iban buscando. El único que ha eludido la cárcel previo pago de 50.000 euros de fianza ha sido el ex consejero de Empresa, Santi Vila, quien finalmente ha logrado reunir el dinero exigido por la juez Lamela. Vila fue el hombre que decidió bajarse del barco secesionista en el último momento, tras mostrar su desacuerdo con la declaración unilateral de independencia del Parlament, pero tampoco parece haberle servido de mucho, ya que sobre él, al igual que sobre sus compañeros, ha recaído todo el peso de la ley.

Con el encarcelamiento de la cúpula de poder de Puigdemont, los secesionistas, fieles a su estrategia de revolución pacífica sazonada de victimismo, consiguen reavivar el conflicto, que parecía haber entrado en vía muerta tras la convocatoria de elecciones. A la prisión de los Jordis –Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, los líderes de las asociaciones ciudadanas encarcelados hace solo unos días–, se une ahora un nuevo argumento que, sin duda, Puigdemont y su equipo sabrán rentabilizar políticamente: la prisión incondicional de nueve consellers que habían sido legítimamente elegidos en las urnas por el pueblo catalán. El auto de la juez Lamela se entenderá en buena parte de España, pero no en Cataluña, donde será acogido como una nueva agresión de un Estado totalitario que pisotea los derechos cívicos y políticos de los catalanes. Prueba de ello es que los antisistema de la CUP no han tardado en llamar a la insurrección popular, un plan de desobediencia civil que estaba previsto desde hacía tiempo y que contempla el corte de carreteras y un objetivo de agitación callejera. Acción-reacción, escalada de fuerza. El guion separatista se cumple de nuevo y el Gobierno de Madrid sigue cayendo en la trampa una y otra vez.

Para terminar de complicar la situación, el Tribunal Supremo ha aplazado la declaración de los miembros de la Mesa del Parlament, entre ellos su presidenta Carme Forcadell, a los que se acusa de tramitar la ley de referéndum y de transitoriedad hacia la república catalana. Además, la jueza Lamela ultima una orden de detención internacional contra el president Carles Puigdemont y otros cinco consellers, que siguen evadidos en Bélgica y que han decidido no regresar a España de momento. La negativa de “los seis de Bruselas” a presentarse ante la magistrada confirma que Puigdemont sigue optando por la estrategia de tensar la cuerda al máximo. Ayer, el honorable aseguró que no piensa ir a Madrid y en las últimas horas se ha filtrado que la intención del honorable y sus consejeros prófugos es entregarse, pero solo a la Justicia belga. La jugada de Carles Puigdemont y sus colaboradores consiste en tratar de generar un conflicto diplomático entre España y Bélgica y de paso ponerse a disposición de un magistrado en alguna ciudad flamenca, que bien podría ser Gante o Brujas. Los “seis de Bruselas” creen que un juez de esta demarcación sería más sensible e indulgente con ellos. Cabe recordar que en Flandes existe una gran implantación del partido nacionalista Nueva Alianza Flamenca, que mantiene estrechos contactos con los secesionistas catalanes y que apuesta por la separación pacífica de Flandes del Estado belga.

El plan de Puigdemont de recurrir a un juez “a la carta”, de internacionalizar el conflicto catalán y de extenderlo a un país como Bélgica −que también soporta fuertes tensiones nacionalistas internas− no es fruto de la improvisación, sino de una estrategia meticulosamente calculada por los abogados de la Generalitat. El salto al vacío del president no es tal, sino que juega con red, aunque su táctica resulta extremadamente peligrosa, no solo para España sino para el futuro de Europa. Con la internacionalización del problema catalán, otros países de la Unión Europea pueden verse salpicados por la ola de fervor separatista que recorre el viejo continente. No solo Bélgica registra incipientes embriones nacionalistas en su propio territorio, sino también otros estados como Alemania, Italia, Francia y Reino Unido (pese a que este país, tras el Brexit, ya está de facto fuera de la UE). Si el plan de Puigdemont triunfa o no, si logra prender la mecha en los demás nacionalismos europeos o todo queda en un mero circo, show o farsa catalanista en el corazón de Europa −como critican hoy los principales diarios europeos−, solo la historia lo dirá.

Lo cierto es que a esta hora Carles Puigdemont ha optado por una fuga hacia adelante, jugarse a todo o nada el futuro de Cataluña (también su propio futuro) en una especie de partida de naipes a la desesperada en campo belga. Con su arriesgado movimiento no solo busca internacionalizar el conflicto; su primer objetivo es, sin duda, resolver su delicada situación personal, encontrar resquicios legales en el derecho internacional para no caer en manos de la Guardia Civil y evitar así la celda en la prisión de Soto del Real.

Una extraña suerte de surrealismo se ha instalado en Cataluña en los últimos días, generando tres gobiernos paralelos: el gobierno central, que ha aplicado el artículo 155 de la Constitución española para intervenir la autonomía catalana; el gobierno “en el exilio” de Bruselas; y un tercer poder, lo que queda de la Generalitat de Cataluña tras los encarcelamientos de ayer. La decisión de la jueza Lamela abre nuevas interrogantes al conflicto: ¿Acudirán ahora los independentistas a las elecciones del 21D o decidirán llamar a la desobediencia civil y al boicot de los comicios? ¿Se presentará el PDeCat de Puigdemont solo o en coalición con Esquerra Republicana de Cataluña y los antisistema de la CUP, reeditándose así un nuevo pacto soberanista al estilo Junts Pel Sí? ¿Abandonará el PDeCat Santi Vila −uno de los consellers acusados de rebelión−, para formar un nuevo partido?

Este fin de semana será clave para que cada una de las formaciones soberanistas fije sus posiciones definitivas. El martes termina el plazo para que los partidos catalanes que lo deseen decidan la forma en que quieren comparecer a las elecciones autonómicas, ya sea en solitario o en coalición. Cada hora que pasa toma más cuerpo la posibilidad de que los independentistas acudan a las urnas en una lista única. Un frente común para dar el toque de gracia a Madrid. La tensión sigue aumentando, aunque de momento la bandera española sigue ondeando en el Palau de la Generalitat. Extraña república independiente esa que respeta la enseña del Estado invasor. Las redes sociales arden cada minuto. Podemos califica a los encarcelados como “presos políticos” y su líder, Pablo Iglesias, asegura que siente vergüenza de que su país persiga a “líderes de la oposición”. La CUP llama a la movilización, esta vez no con “caceroladas” inofensivas sino con una actitud más beligerante, de resistencia y de desobediencia civil. La revolución “de la sonrisa” es cada día menos amable y más furiosa. Siguiente estación: una más que probable huelga general. El auto de Lamela solo ha servido para echar más leña al fuego.

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@ARTSENALJH

1 Kommentare

  1. pontal dicen

    Veo que no lees mucho, y por ello distorsionas la realidad jurídica. La situación el catalunya no es conflictiva, en absoluto, exceptuando las fuerzas de ocupación claro.
    La AN no tiene competencia, si acaso en supremo, por otro lado sedición y rebelión se contradicen, o lo uno o lo otro, además un juez no puede politizar la justicia, el estado de derecho y la separación de poderes quebrarán, además nos ampara el derecho internacional y los derechos humanos, somos europeos, no lo olvides.

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