Humor Gráfico, Joaquim Bosch, Luis Sánchez, Número 84, Opinión
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La política: el estado más avanzado de la cultura, según Azaña

Por Joaquim Bosch / Viñeta: Luis Sánchez. Viernes, 6 de octubre de 2017

@JoaquimBoschGra

Me preocupa todo lo que está pasando, por los riesgos para la convivencia y por la salud de nuestro maltratado Estado de derecho. Sé que tengo amistades que piensan que todo vale para que no se celebre el referéndum y sé que también tengo otras que consideran que todo vale para que sí se celebre. Llevo muchos años reflexionando sobre diversidad cultural, realidades plurinacionales y derecho de autodeterminación. Y no me convence ese “todo vale”. Por ejemplo, no se puede prescindir del ordenamiento jurídico. Y, por ejemplo, cuando un ministro ha dicho literalmente que la fiscalía puede “afinar” actuaciones irregulares en Catalunya, no se pueden aceptar actuaciones del Fiscal General que vulneren las garantías, los derechos y las libertades.

El art. 1.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no se refiere a territorios o realidades nacionales que están dentro de un Estado. Está aludiendo a estados soberanos y está indicando que su libre determinación implica que nadie pueda manejarlos desde fuera. Sobre territorios que forman parte de un estado, la ONU y los organismos internacionales han dicho reiteradamente que el derecho de autodeterminación no se puede ejercer unilateralmente en el marco de estados democráticos. Y lo ha reconocido solo en supuestos coloniales, de invasiones armadas o de violaciones graves de los derechos humanos. Sin embargo, se puede configurar jurídicamente en el interior de cada estado democrático, como han hecho Reino Unido o Canadá. También en el estado español podemos regularlo.

La vulneración del ordenamiento jurídico que supone la convocatoria de este referéndum no puede combatirse con actuaciones contrarias a los derechos y libertades. El Estado de derecho pierde su legitimidad cuando actúa de forma contraria a sus principios. Hay instrumentos suficientes para reaccionar jurídicamente.

No he cuestionado a los jueces catalanes que están actuando como les obliga el ordenamiento jurídico. Sí que me parece criticable que el Fiscal General del Estado nombrado por el Gobierno esté actuando de manera excesiva, poniendo en riesgo derechos fundamentales y ejerciendo indebidamente competencias de los jueces. De hecho, la magistrada instructora del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya acaba de apartar a la Fiscalía de las diligencias injustificadas que estaba tramitando y le ha recordado cuáles son sus funciones legales.

Tengo algunas limitaciones legales en mi libertad de expresión, por mi condición de juez. No puedo expresar públicamente mis ideas políticas como lo pueden hacer otras personas. En todo caso, creo que en el referéndum del 1-O sí que concurren cuestiones jurídicas de gran relevancia, que deben ser analizadas. Pero estoy de acuerdo en que la solución al conflicto no puede ser judicial. Esto no lo vamos a arreglar los jueces, ni tampoco los fiscales o los policías. Aquí falta la política de alto nivel que, como decía Azaña, debe ser el estadio más elevado de la cultura.

Coincido en la prevalencia del derecho europeo, a partir de los principios de primacía y efecto directo. También las resoluciones de la ONU aportan principios generales que pueden operar a favor de celebrar la consulta. El problema es que, a partir de esas premisas, un referéndum no se puede celebrar de cualquier manera, al margen del ordenamiento vigente. Hay que decidir procedimientos, garantías, medios independientes de control, preguntas claras, porcentajes de participación, porcentajes decisorios y muchas más cosas. Y creo que estas cuestiones, no reguladas por el derecho europeo, no pueden ser decididas unilateralmente por las instituciones catalanas. Según nuestras normas vigentes, la competencia es estatal y ahí se tendrían que practicar reformas para llevar a cabo esos principios. No veo fundamento jurídico para la vía unilateral en una sociedad democrática. Recuerdo la sentencia del Tribunal Supremo de Canadá, de 20 de agosto de 1998, que me parece especialmente aclaratoria sobre todos estos problemas.

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Luis Sánchez

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