Alaminos, Humor Gráfico, Número 83, Opinión, Óscar González
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Plaça de Sant Jaume Nº4, Caracas-Venezuela

Por Óscar González / Viñeta: Jorge Alaminos. Viernes, 22 de septiembre de 2017

Óscar González

Cuando la oposición venezolana convocó y celebró un referéndum al margen de los designios del gobierno de Nicolás Maduro, los medios españoles proclamaron a los cuatro vientos el espectacular ejercicio de democracia en medio de aquella “terrible dictadura”. En el caso de Cataluña, por lo que sea, el referéndum supone un grave atentado contra nuestros derechos fundamentales, nuestras libertades básicas y, como decían los Marx, dos huevos duros.

Cuando Leopoldo López fue declarado corresponsable de las 43 muertes provocadas por los disturbios que siguieron a su llamada a que el pueblo venezolano se alzase contra el gobierno legítimo del país y le cayeron por ello 13 añitos de cárcel, no quedó un sinvergüenza en España por señalar que la persecución judicial de rivales políticos es una cosa muy poco democrática. Cuando digo sinvergüenza, por clarificar, me refiero a los cargos del Partido Popular y la pandilla de asquerosos que les bailan el agua desde los distintos medios de desinformación, desde El País hasta La Gaceta. También a los que se van a Venezuela a abrazar opositores, por cierto.

Sin embargo, tras la detención de catorce políticos catalanes el pasado miércoles, se puede comprobar como esos mismos que antes acusaban defienden ahora la represión de “disidentes políticos” con el argumento de que no se pueden permitir este tipo de “desafíos” al “Estado de Derecho”. También dicen que el gobierno (con minúscula en honor a ellos mismos) hace bien en mantenerse firme ante “el órdago soberanista” (me declaro muy fan de la expresión). El Estado no reprime: el Estado se defiende. Claro que sí.

Que Nicolás Maduro, una sombra triste y paródica de Hugo Chávez, convocase la Asamblea Constituyente que prevé la Constitución Bolivariana, fue proclamado a los cuatro vientos como la enésima violación de la legalidad por parte de los peligrosísimos chavistas. Se esgrimía, entre otros, el argumento de que se había convocado sin atenerse al procedimiento tasado en la propia Carta Magna venezolana, aunque el artículo 348 otorga la facultad de convocatoria al Presidente de la República y su Consejo de Ministros.

Por el contrario, el gobierno español está aplicando el artículo 155 de la Constitución –ha suspendido parcialmente la autonomía presupuestaria catalana mediante el siempre estomagante Montoro– sin haberlo pasado todavía por la aprobación del Senado (donde tiene mayoría absoluta, por cierto), como obliga el artículo de marras. Tampoco se ha cursado el requerimiento formal al presidente de la Comunidad Autónoma que establece el mismo precepto constitucional. Pero no se preocupen, nuestra democracia, dicen, es sólida como una roca. Así que bienvenida la prohibición de actos políticos y la confiscación de material electoral porque, por suerte, no somos Venezuela.

Allí, hasta donde sabemos, todavía no ha salido la policía a la calle a detener urnas y papeletas. Tampoco nos consta que haya barcos preparados para alojar a más de dos mil policías destinados a reprimir actos políticos en los feudos de la oposición chavista.

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