Humor Gráfico, Jorge Alaminos, Luis Sánchez, Número 83, Opinión
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Votar a corruptos

Por Joaquim Bosch / Viñeta: Luis Sánchez. Viernes, 22 de septiembre de 2017

@JoaquimBoschGra

Estuve en Tegucigalpa, en una reunión con Roberto Herrera, Defensor del Pueblo de Honduras, país que he visitado para intervenir como ponente en un congreso internacional de juristas sobre los problemas de corrupción en Centroamérica. Es una regla general que las tramas corruptas pueden actuar impunemente cuando fallan el control previo y los medios para la persecución de estas infracciones. En España ha faltado voluntad política para combatir esta forma de delincuencia, que está muy instalada en el sistema. Y eso nos cuesta 48.000 millones de euros al año, según la CNMC, que se detraen de la sanidad, la educación, la justicia o las prestaciones sociales. Expulsar a los corruptos de las instituciones es absolutamente imprescindible para la salud de nuestra deteriorada democracia.

Hay mucha gente que ya ha abierto los ojos ante la corrupción. Pero todavía hay demasiada que sigue mirando para otro lado o desconoce lo que está ocurriendo. Y ahí la información es fundamental. Está demostrado que en las sociedades mejor informadas hay mucha menos corrupción. A veces no es fácil abrir los ojos. Como regla general, a las personas no les gusta admitir que están siendo engañadas. Y mucho menos reconocer que se han equivocado al apoyar a corruptos y que no se lo merecían. Por eso en la lucha contra la corrupción son claves los mecanismos de transparencia y de información.

Con causas judiciales, no entiendo la orden a fiscales (como si fueran jueces) de citar a 712 alcaldes catalanes. El Estado de Derecho tiene sus reglas.

En nuestros juzgados se puede declarar en árabe, en rumano o en suajili. Pero el fiscal le dice a un alcalde que no puede hacerlo en catalán. La paradoja es que en Madrid, Barcelona o Santander se declara en cualquier idioma del mundo. Y en Barcelona no se puede declarar en catalán. El derecho a usar el castellano no significa el deber de usarlo. El artículo 231-3 LOPJ marca el derecho a usar lenguas autonómicas.

“Que el referéndum sea ilegal no significa que se pueda combatir jurídicamente de cualquier manera”.

Las diligencias abiertas contra alcaldes no son informativas. Se les cita como investigados y asistidos de letrado. Y ya hay un procedimiento judicial abierto y un juez competente.

Quienes culpan del terrorismo a todos los musulmanes, se van acercando peligrosamente al fanatismo irracional de yihadistas.

El poder político no ha mostrado un compromiso suficiente para actuar contra la corrupción.

El trato preferente a Rajoy durante su declaración como testigo en la Audiencia Nacional afecta negativamente a la imparcialidad judicial.

Una democracia no puede construirse con muertos en las cunetas ni glorificando al dictador.

Cada uno debe asumir su responsabilidad, políticos y jueces. Se da la circunstancia de que ninguno lo asume.

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Luis Sánchez

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