Editoriales, El Petardo, Humor Gráfico, L'Avi, Número 71
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Editorial: La infame y preocupante politización de la Justicia española

Ilustración: El Petardo / L’Avi. Viernes, 3 de marzo de 2017

   Editorial

En las dos últimas semanas, varias decisiones adoptadas por los tribunales sobre grandes asuntos que afectan al funcionamiento del sistema democrático han puesto en entredicho la independencia judicial en España. Las sentencias por el Caso Nóos y el escándalo de las tarjetas black, la sustitución fulminante del fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal  –cuando investigaba al presidente de la Región, Pedro Antonio Sánchez, por su supuesta implicación en un caso de corrupción–, y la decisión del Tribunal Supremo de desestimar la demanda del exjuez Baltasar Garzón en la que solicitaba exhumar los restos mortales de Franco y de José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos como paso previo a convertir el mausoleo del franquismo en un museo de la memoria histórica han hecho planear sobre los juzgados y tribunales españoles la sospechosa sombra de la parcialidad.

El rosario de resoluciones polémicas se abrió el pasado 18 de febrero, con la sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares sobre el caso Nóos que condena a varios de los encausados a penas cuanto menos benignas. Así, la infanta Cristina, hija del rey emérito Juan Carlos I, ha salido absuelta, tal como se preveía, de un juicio que ha dañado seriamente la imagen y la credibilidad de la Casa Real, mientras que el marido de la duquesa de Palma, Iñaki Urdangarin, fue condenado a una pena de seis años y tres meses de prisión, cuando el fiscal solicitaba 19 años y medio para él. La sensación de cambalache se completó al día siguiente, cuando el fiscal ni siquiera pidió prisión preventiva para el marido de la infanta, permitiéndole eludir la cárcel al considerar que en ningún momento existe riesgo de fuga. El fallo ha puesto en evidencia aquellas palabras de Juan Carlos I, quien en un discurso de Nochebuena se esforzó por dejar claro que la Justicia en España “es igual para todos”. Hoy, años después de aquella alocución navideña del monarca y tras conocerse la sentencia histórica del Caso Nóos, una gran mayoría de españoles duda de que la Justicia sea realmente equitativa e imparcial y se extiende peligrosamente la idea de que hay un Código Penal para ricos y otro para pobres.

Tres casos demoledores. Tres casos clarificadores de en qué manos estamos. Tres casos que hacen temblar los frágiles cimientos de la democracia española

Este presentimiento general aumentó horas después, cuando la Audiencia Nacional dio a conocer la sentencia por el escándalo de las ‘tarjetas black’, una resolución que nuevamente recayó de forma cuanto menos indulgente y laxa contra los grandes hombres del poder político y financiero que llevaron al desastre económico a este país. Así, los magistrados condenaban a cuatro años y seis meses de prisión a Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno con Aznar y presidente del Fondo Monetario Internacional, y a otros seis años de cárcel a Miguel Blesa, máximo responsable de CajaMadrid, una decisión que contrasta con los graves delitos de los que fueron acusados inicialmente. El caso de las ‘tarjetas black’ es especialmente sangrante, ya que mientras los ciudadanos españoles sufrían los rigores de la crisis y los duros recortes ordenados por el Gobierno de Mariano Rajoy y por Bruselas, los ejecutivos de la entidad financiera madrileña despilfarraban a espuertas el dinero de los ahorradores, dinero que destinaron sin rubor a gastos superfluos como comilonas, viajes de placer y salas de relax. Si había un asunto sucio que merecía que la Justicia española actuara con toda contundencia y rigor, imponiendo las penas más duras contra los acusados, era el de las ‘tarjetas black’, pero llama la atención que los magistrados no solo no hayan hecho recaer sobre los procesados todo el peso de la ley, sino que salvan la sentencia con penas absolutamente simbólicas que a buen seguro permitirán que los autores del mayor desfalco financiero de la historia de España pasen por la cárcel como ese millonario que pasa unas cortas vacaciones en un balneario, que es lo que parece la prisión de alta seguridad de Alcalá Meco, en ciertos aspectos un hotel de cinco estrellas para muchos ladrones de guante blanco. Con todo, ni Rato ni Blesa parece que vayan a entrar en prisión, al menos por el momento, lo que contribuye a aumentar la sensación de impunidad y de que en este país hay una Justicia para el que tiene dinero y otra para el robaperas.

Pero las rebajas judiciales para los señores poderosos de la vida pública española no han quedado ahí. Apenas unos días después de conocerse estas resoluciones cuanto menos cuestionables, el fiscal general del Estado ordenaba la sustitución fulminante del fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal, empeñado en sentar en el banquillo de los acusados al presidente murciano, el popular Pedro Antonio Sánchez, supuestamente implicado en un asunto turbio en tierras murcianas. El cese inesperado de López Bernal es sin duda un aviso para navegantes que lanza la Fiscalía General del Estado a todo aquel fiscal que se atreva a emplearse a fondo con la delincuencia de altos vuelos. Bernal ha llegado a denunciar injerencias y presiones de sus superiores para que abandonara su investigación, una denuncia que de ser cierta no solo resultaría escandalosa sino además intolerable en un Estado de Derecho. Hace ya tiempo que la Fiscalía General del Estado se ha convertido en el brazo armado del Gobierno, quebrando el principio de separación de poderes y poniendo en entredicho su imparcialidad. El ministerio fiscal debería ser objeto de una reforma en profundidad que permitiera a los fiscales investigar sin ser sometidos a consignas ni directrices, dotando a este organismo de medios humanos y materiales para que pueda ejercer su labor, que no es otra que la de promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad. Sin embargo, resulta más que evidente que ni al PP ni al PSOE le ha interesado nunca una Fiscalía libre e independiente y tras largos años de nombramientos a dedo de fiscales generales sumisos y adocenados, cuando no amigos íntimos del partido en el poder, hemos llegado a una situación crítica, con fiscales que se quejan de que son presionados y que incluso ven cómo su casa es asaltada por desconocidos en medio de la noche, como en los peores años veinte de la mafia de Chicago. El propio exfiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo ha alertado ante las manipulaciones y presiones que están sufriendo sus compañeros de carrera, una situación que causa estupor y que dice muy poco de la calidad democrática de nuestro país. Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, debería haber salido de inmediato en defensa de los miembros del poder judicial que se sienten atacados, ordenando abrir una investigación con depuración de responsabilidades. Sin embargo, su tibieza ante la denuncia de López Bernal, su consentimiento por acción u omisión, deja bien claro de qué pie cojea el señor ministro.

La politización de la Justicia es un hecho, como lo demuestra que el fiscal general del Estado sea el brazo ejecutor del Gobierno, sin que ningún partido quiera reformar su estatuto

Y faltaba la perla en una semana negra para la Justicia española. En una sentencia no por esperada menos triste y preocupante, el Tribunal Supremo ha rechazado exhumar los restos mortales del general Franco y de José Antonio Primo de Rivera, tal como demandaba Baltasar Garzón como paso previo a convertir el mausoleo franquista en un museo de la memoria histórica (donde no hubiera vencedores ni vencidos) o en un centro de interpretación para mostrar a las generaciones futuras los desastres a los que nos condujeron regímenes totalitarios como el que impuso el general Franco durante el pasado siglo XX. Sin duda, con esta decisión el Supremo ha perdido una oportunidad única de democratizar no solo el Valle de los Caídos, sino la propia ideología de algunos de sus magistrados, que con decisiones como esta demuestran o bien que tienen miedo a la democracia o lo que sería mucho peor y más trágico para este país, que sienten cierta nostalgia de tiempos pasados. A menudo suele decirse que la Justicia española es conservadora. Esta semana se ha demostrado que esta afirmación no está demasiado lejos de la realidad. Un juzgado que absuelve a una infanta por ser quien es y de paso lima las penas de un grupo de poderosos implicados en tramas corruptas organizadas como fueron el caso Nóos y las tarjetas black; un fiscal jefe que liquida a un subordinado por hacer bien su trabajo y enfrentarse al poder corrupto de un cacique; y un Tribunal Supremo rancio y temeroso a la hora de desmantelar un mausoleo construido a mayor gloria del fascismo. Tres casos demoledores. Tres casos clarificadores de en qué manos estamos. Tres casos que hacen temblar los frágiles cimientos de la democracia española.

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