Alaminos, Editoriales, Humor Gráfico, Número 72
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Editorial: La alargada sombra del nacionalcatolicismo

Ilustración: Jorge Alaminos. Viernes, 17 de marzo de 2017

   Editorial

En los últimos días, varias noticias relacionadas con la Iglesia han vuelto a poner de manifiesto que la separación entre el clero y las instituciones públicas, un principio básico que establece nuestra Constitución para garantizar la aconfesionalidad del Estado, está muy lejos aún de ser una realidad. La primera de las polémicas surgió con el autobús llamado “transfóbico”, que fue fletado semanas atrás por Hazte Oír, una asociación civil española de corte ultracatólico y conservador fundada por Ignacio Arsuaga en febrero de 2001. El autobús, con una clara propaganda discriminatoria contra las personas homosexuales, bisexuales y transexuales (“los niños tienen pene; las niñas tienen vulva), pretende recorrer el país para propagar su ideología xenófoba por razón de sexo. Desde mayo de 2013 esta organización está considerada de utilidad pública por el Ministerio del Interior, quien por orden del entonces ministro del departamento, Jorge Fernández Díaz, le ortorgó el derecho a obtener beneficios fiscales y económicos, así como asistencia jurídica gratuita. Ni que decir tiene que el ideario de Hazte Oír, su oposición férrea contra el aborto, contra las parejas homosexuales y contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía, entre otras cuestiones, sitúan a esta asociación en un contexto ideológico próximo a otros movimientos católicos conservadores, como los neocatecumenales y el Opus Dei. Por si fuera poco, la organización que fletó el autobús naranja ha sido vinculada también con la sociedad secreta mexicana de extrema derecha El Yunque. Nadie en el Ejecutivo de Rajoy ha sido capaz de aclarar hasta el momento (no sabemos si por ignorancia o por interés político) qué demonios pinta un Gobierno inyectando dinero de los contribuyentes a una causa que a todas luces resulta retrógrada, cuando no directamente discriminatoria. La libertad de pensamiento y de religión es un derecho fundamental de nuestro ordenamiento jurídico y cualquier persona es libre de elegir si quiere ser ateo o si quiere creer en Dios, en ángeles o en marcianitos verdes. Pero lo que resulta a todas luces incomprensible en un país democrático en pleno siglo XXI es que se financien ideologías más propias de los tiempos medievales con dinero de todos.

Bien hubiera hecho el presidente Rajoy en salir al paso de la polémica suscitada con el autobús transfóbico –que ha causado estupor en buena parte de la sociedad española, así como en los colectivos gays y transexuales que llevan años luchando para conseguir la igualdad de pleno derecho– pero lejos de aclarar la postura de su Ejecutivo y lejos de situarse al lado de la libertad sexual de las personas, como hubiera hecho cualquier líder de cualquier país civilizado, el canciller gallego ha preferido, una vez más, guardar silencio, dando cobertura y amparo a estos grupos que no hacen sino sembrar de crispación a la sociedad española, una sociedad que ya ha dado muestras de ser lo suficientemente madura y evolucionada como para aceptar que todo individuo es autónomo a la hora de elegir cómo quiere vivir su sexualidad y con quién. Pero parece que en este país seguimos anclados en viejos y rancios clichés del nacionalcatolicismo franquista más añejo, en el que sin duda se inspiran los obispos de la vieja guardia católica, y también asociaciones ultras como Hazte Oír. O mejor habría que decir que tenemos un Gobierno que, una vez más, va por detrás en la evolución humana.

Pero la sinrazón no iba a quedar solo ahí, en el episodio del autobús transfóbico. Hace unos días el líder de Podemos, Pablo Iglesias, presentaba en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para que Televisión Española retire de su programación las misas católicas, apelando a la aconfesionalidad del Estado que inspira nuestra Constitución del 78. Iglesias, sin duda con buen tino, ha argumentado que los medios de comunicación públicos no son un espacio “para que se lleven a cabo ritos religiosos de cualquier tipo” y ha afirmado que esa postura “tiene más que ver con un país del siglo XXI”. La reacción de algunos miembros del PP no se ha hecho esperar, como si todo lo que oliera a laicismo, a separación Iglesia/Estado, a romper con una tradición secular impuesta en tiempos de los Reyes Católicos y que ha traído grandes desastres a nuestro país, les produjera una alergia virulenta e incontenible. Algunos representantes del grupo popular se han apresurado a tildar la propuesta de “ocurrencia”, como si no fuera más que razonable que la televisión pública de un país aconfesional como España deba quedar al margen de retransmisiones religiosas que, dicho sea de paso, pagamos todos con nuestros impuestos. La propuesta de Podemos ha sido contestada por personajes públicos de la órbita más conservadora como Tamara Falcó, hija de Isabel Preysler, quien como una Juana de Arco posmoderna ha emprendido una cruzada tan ridícula como esperpéntica: “Sé que hay mucha gente que no puede ir a misa porque está enferma o porque es mayor y tiene la movilidad reducida y tiene que verlo a través de la televisión. Es muy importante para ellos y por eso no se debe eliminar”, ha dicho Falcó, a quien ahora, de golpe y porrazo, tras muchos años de lujos y vida burguesa sin preocuparse por el bien de la sociedad, parece que le sale la vena de activista concienciada. Tamara no se lo pensó dos veces y contestó a Pablo Iglesias en su cuenta de Twitter anunciando que había firmado una petición para que no se cancelaran las misas televisadas e invitando a sus más de 45.000 seguidores a que hicieran lo mismo. A esta causa se han unido otros personajes de la caverna mediática, como el popular presentador de la Cope Carlos Herrera, quien en el peor tono faltón y facha se ha retratado al asegurar que: “Estos tipos de Podemos están durmiendo la borrachera a esa hora que sale la misa, la borrachera de cerveza caliente del sábado, así que difícilmente la van a ver”. Es la España cañí de toda la vida, la España con la que nunca avanzaremos hacia un Estado libre de supercherías.

Pero más allá de que un personaje tópico de la prensa rosa como es Tamara Falcó se ponga en evidencia o que un periodista hooligan con la mala baba de la derechona se ponga bravo o que políticos del PP o Ciudadanos se rasguen las vestiduras, lo cierto es que esta medida debería haberse tomado hace ya mucho tiempo, para homologarnos con los países avanzados de nuestro entorno. El que quiera religión, ya sea católica, musulmana, budista, judía o sincrética que la sufrague con su propio bolsillo. El que quiera misas de doce, de nueve o de siete y media que se las pague. Y el que quiera ángelus, santos y beatos levitando por la pantalla de una televisión, entre humos adormilantes, que conecte Intereconomía o 13TV, la emisora de los obispos. Mal que les pese a algunos, España es un país aconfesional, como establece su Constitución. La ley es la ley. Y está para cumplirla.

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