Editoriales, Humor Gráfico, Iñaki y Frenchy, L'Avi, Número 67
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Editorial: Yak-42, una infamia sin castigo

Viñeta: Iñaki y Frenchy / L’Avi. Viernes, 6 de enero de 2017

   Editorial

El Consejo de Estado ha responsabilizado por primera vez al Ministerio de Defensa del accidente del Yak-42, ocurrido en Turquía el 26 de mayo de 2003, cuando Federico Trillo era ministro, y en el que murieron 62 militares españoles que regresaban de una misión en Afganistán a bordo de un avión Yakovlev. El dictamen de este órgano asesor reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado en la catástrofe ocurrida, que provocó un largo enfrentamiento en los tribunales de Justicia entre los familiares de las víctimas y Defensa y que se dirimió en instancias civiles y penales. El dictamen ha servido para que resucite uno de los casos más bochornosos de la historia de nuestra democracia reciente y que arrastrará el Gobierno del PP, como una mancha indeleble, durante muchos años. Todos los españoles recuerdan aquellos días de una sordidez truculenta: cómo se realizaron las autopsias deprisa y corriendo para cerrar el caso cuanto antes, cómo se embalaron los cuerpos (mezclando miembros mutilados de unos soldados con otros sin una mínima diligencia en la identificación) cómo el Gobierno quiso enterrar cuanto antes el asunto para que no se llegaran a saber las causas del siniestro y cómo fueron engañadas las familias, que creyeron que estaban enterrando a sus seres queridos cuando en realidad estaban dando sepultura a los restos mortales de otra persona. Este episodio negro del Partido Popular, uno más y quizá el más terrible por el drama humano que supone, quedará ahí para siempre. De todos los escándalos que han salpicado al PP, Gurtel, Bárcenas, Púnica, etc, quizá el del Yak-42 es el que más repugnancia provoca por el grado de inhumanidad y maquiavelismo político demostrado por nuestro Gobierno.

El Gobierno ha vuelto a las andadas: ocultar información, dar largas, acusar de montaje a la oposición y no asumir responsabilidades

De cuanto desvela ahora el dictamen del Consejo de Estado, lo peor es que ya podemos concluir que nuestro Gobierno mintió a los españoles y a las familias de los fallecidos, no solo por intereses políticos espurios, sino para escurrir su responsabilidad civil y penal en la contratación irregular de una flotilla de aviones de la extinta Unión Soviética que no reunían unas mínimas condiciones de seguridad para trasladar a los soldados españoles en misión internacional. El ministerio alquiló aquellos aviones destartalados solo por ahorrarse un dinero, asumiendo que ponía en riesgo la vida de los militares. Los aviones habían superado con creces las horas de vuelo, eran auténticas cafeteras con alas que no hubieran pasado una mínima inspección técnica y los pilotos realizaban un viaje tras otro entre España y Afganistán sin que se les diera un mínimo de descanso. Algunas de las víctimas que murieron ese día en Turquía ya habían avisado a sus familias de que se estaban jugando la vida volando en semejantes aeronaves, por llamarlas de alguna manera. “Solo viendo las ruedas de este avión se ve que no está para volar”, decía uno de los soldados muertos poco antes de despegar.

Pero sin duda, lo que demuestra este triste episodio del Yak-42 es la terrible inmoralidad de un ministro, Federico Trillo, auténtico artífice y responsable del desaguisado con la colaboración de ciertos mandos militares que trataron de ocultar la verdad. Lejos de asumir su responsabilidad y presentar su dimisión inmediata, Trillo se dedicó a lanzar cortinas de humo, a intoxicar a la opinión pública y a acusar a los medios de comunicación de haber fabricado un montaje. Para ello no dudó en tergiversar los informes y mentir descaradamente en sede parlamentaria. La actuación de Trillo, plagada de engaños, artimañas y trucos retóricos para desviar el foco de su responsabilidad es una de las páginas más repugnantes de toda la historia de España. El ministro jugó con el dolor de las familias y lejos de impulsar una comisión de investigación que aclarara en qué condiciones se contrató aquella flotilla de aviones rusos aptos para la chatarra, se dedicó a escurrir el bulto. Y así llegó el funeral, que tenía que ser rápido, con honores y desfiles, pero con la mayor celeridad posible, para pasar página cuanto antes. No hace falta recordar que la plana mayor del PP, con José María Aznar y Mariano Rajoy a la cabeza, avalaron aquella operación grotesca. Solo la insistencia de los familiares, mediante recursos judiciales y la publicación en varios medios de comunicación del acta turca del accidente, firmada por los generales Vicente Navarro y José Antonio Beltrán, donde se recogía que 30 cadáveres no fueron identificados, hizo posible la reapertura judicial.

Trillo debería haber sido destituido de forma fulminante y el caso debería reabrirse cuanto menos en la vía civil

Pero parece que el PP no ha aprendido de los errores y mentiras del pasado, pese a que su peor fantasma se revuelve otra vez contra él, y estos mismos días de Navidad hemos asistido a un nuevo esperpento, tal como nos tiene acostumbrados el gabinete Rajoy. El Gobierno, nada más conocerse el dictamen del Consejo de Estado, en lugar de reconocer la evidencia, ha optado por seguir con su viejo estilo basado en la ocultación, la falsedad y la exculpación de los responsables de la tragedia. El mismo presidente del Gobierno echó este martes un jarro de agua fría sobre el triunfo moral que para las familias del Yak-42 ha supuesto que el Consejo de Estado considere al exministro Federico Trillo responsable de la peor tragedia del ejército español en tiempos de paz. Rajoy, de vacaciones en Galicia, defendió al entonces titular de Defensa, ahora embajador en el Reino Unido, tras darse a conocer el documento que señala que el accidente podría haberse evitado si el ministerio hubiese tenido en cuenta las múltiples advertencias que alertaban del “pésimo” estado del avión. Rajoy ha llegado a decir que el caso ya estaba juzgado y sentenciado, otra afirmación nefasta que le perseguirá para siempre. Para el Gobierno, el expediente del Yakolev 42 ya ha sido juzgado, tanto por la vía civil como por la vía penal, y en ambas instancias la Justicia determinó que el Estado no era responsable de la muerte de los militares. De esta manera, en las primeras horas tras conocerse el dictamen, el PP trató de blindar a Trillo, desoyendo la petición de PSOE, Podemos y ERC, que registraron la solicitud para que el exministro fuera destituido de inmediato como embajador en Reino Unido.

Finalmente, llevado por las presiones mediáticas, y en un nuevo alarde de cinismo político, el Gobierno ha tenido que rectificar y ha asumido que cesará a Trillo de su cargo, pero no por su responsabilidad en el accidente, sino como parte de los relevos previstos en cerca de 70 delegaciones diplomáticas. Esta decisión, como no podía ser de otra manera, ha enervado más aún los ánimos de los familiares de las víctimas del accidente, que han rechazado cualquier “cese enmascarado” del exministro de Defensa y han exigido que se reabra el caso para conocer la auténtica verdad. En un comunicado, la Asociación de Víctimas del Vuelo Ilegal Yak-42 asegura que “no aceptarán una nueva mentira y humillación si el cese que se produce viene enmascarado por alguna circunstancia que no sea el reconocimiento público de que se produce por la indignidad de desempeñar dicho cargo en nombre de España”, en referencia a que Federico Trillo era el titular de Defensa cuando ocurrió el desastre aéreo.

El Gobierno ha tenido una segunda oportunidad para reconocer sus montajes y negligencias y para pedir perdón, por no hablar de las manipulaciones que rozan lo delictivo. No lo ha hecho. Una vez más, ha quedado claro y patente que el Ejecutivo de Mariano Rajoy antepone sus intereses de partido a las más elementales normas de la ética y la humanidad, como ya hiciera también durante la gestión de los atentados del 11M en Atocha, donde se dedicó a alimentar teorías conspirativas, autorías de ETA que no existían y falsas implicaciones de los servicios de inteligencia, solo para que no se conociera la verdad, que no era otra que los atentados llevaban el sello yihadista como consecuencia directa de la participación de España en la guerra de Irak.

Rajoy debería tener muy claro que, tras el informe del Consejo de Estado, ya no vale con escudarse en que el caso del Yak-42 ha sido juzgado. Los familiares de las víctimas tienen derecho a que, de una vez por todas, se llegue hasta el final en este escabroso asunto y se sepa qué ocurrió realmente en aquel vuelo desgraciado. Los militares muertos –hijos, maridos y hermanos de las personas que hoy piden justicia–, eran soldados del Ejército que se jugaban la vida por defender a todos los españoles y aunque solo sea por eso se merecen una investigación hasta sus últimas consecuencias, así como un funeral digno, no la pantomima macabra con la que les obsequió su Gobierno. La memoria de las víctimas no se honra con un crespón negro en la bandera y una salva de homenaje tras las fanfarrias y el himno nacional. Se honra depurando hasta la última gota de responsabilidad. Caiga quien caiga.

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IÑAKI Y FRENCHY

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