Humor Gráfico, Joaquim Bosch, Luis Sánchez, Número 66, Opinión
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Dinero para autopistas, no para personas

Por Joaquim Bosch / Ilustración: Luis Sánchez. Viernes, 16 de diciembre de 2016

@JoaquimBoschGra

El Gobierno ha anunciado que va a rescatar a las empresas titulares de diversas autopistas que están en quiebra. No se protegen los derechos sociales con el pretexto de que no hay dinero. Pero ahora de repente el Estado va a conseguir 5.500 millones de euros, que saldrán de los impuestos de toda la sociedad, para que no tengan pérdidas estos grandes grupos empresariales. Esta es un curiosa economía de mercado, en la que, cuando hay beneficios, se los reparte una minoría privilegiada, pero si hay pérdidas las debemos pagar entre todos. Tenemos unas instituciones que subvencionan injustamente a los poderosos, mientras el Estado social retrocede hasta ser irreconocible. Eso es inmoral, irrazonable y abusivo. Solo hay que ver que los beneficiados son grandes empresas como Abertis, ACS y Sacyr, a menudo muy cercanas al poder. Y una entidad como Bankia, también conocida por favores similares anteriores. Con tanta gente necesitada y el dinero público va para quienes menos lo necesitan. Siempre se nos dice por los grandes gurús del neoliberalismo que el Estado no tiene que intervenir en nada y que ha de respetar las leyes del mercado. Pero yo diría que eso solo vale para las pequeñas y medianas empresas. Las grandes parece que tienen bula para eludir esos riesgos y esas leyes. Imposible que pierdan nunca. Es lamentable. Pero aquellos que se rasgan las vestiduras contra el intervencionismo estatal de carácter social ahora miran hacia otro lado. Y así sigue el trasvase de rentas. Continuamos liderando con paso firme los niveles de desigualdad en la Unión Europea. Resulta clarísima y muy interesante la lista de los accionistas de las autopistas privadas. Si todos entran al reparto de los 5.500 millones de euros, seguro que habrá mucho dinero para todos. No hace falta explicar que es la sociedad quien va a tener que aportar los fondos públicos de ese rescate. El problema llega cuando se protege a empresas que han mostrado cierta cercanía al poder político. O incluso algunas han sido donantes en campañas electorales. Por si fuera poco, se incluyó una cláusula que obligaba a que el Estado tuviera que resarcir a los contratistas por el importe de lo invertido, en el caso de que hubiera pérdidas y se produjera una situación de quiebra. Es muy ventajoso para el adjudicatario, pues así no asume riesgos, pero la cláusula no es ilegal. La responsabilidad más bien es de tipo político y ante la sociedad. A veces nos vienen con la historia de que a estas empresas no se las puede dejar quebrar por el bien de la economía del país. Pero, cuando se detectan esas amistades peligrosas, lo más probable es que los riesgos sean inexistentes y que se utilicen como excusas para los favores públicos. Por cierto, en Islandia se dejó quebrar a los bancos y parece que no les va mal.

Tras reformas laborales contrarias a los derechos sociales, con las que se prometió que se crearía empleo, la realidad es una situación con millones de parados. Y de intensa precariedad, con enorme descenso del trabajo estable, que además ha quedado en situación muy frágil, con el abaratamiento de los despidos. Las reformas también han provocado una reducción muy acusada de los salarios. Las mujeres han sido víctimas principales, con el incremento de la brecha salarial y la feminización de la pobreza. El artículo 35 de la Constitución proclama el derecho al trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer las necesidades propias y las de la familia. Pero el poder político no sabe o no contesta cuando hay incumplimientos de derechos constitucionales.

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Luis Sánchez

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