El Koko Parrilla, Humor Gráfico, Número 66, Opinión, Óscar González
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Autopistas a ninguna parte

Por Óscar González / Ilustración: El Koko Parrilla. Viernes, 16 de diciembre de 2016

Óscar González

Ayer tuve la ocasión de leer un artículo en el diario de PedroJota sobre el rescate a las autopistas que, aparentemente, nos va a tocar financiar entre todas y todos una vez más, porque esas macroempresas que tanto nos llenan de orgullo y satisfacción han dicho que les viene mal ahora mismo seguir con la gestión porque no les salen los números. Firmaba la columna el genial Daniel Lacalle, ese hombre que es tan liberal que privatizaría el aire para acabar con la contaminación porque fijo que eso es el Estado que lo está gestionando mal, y en ella sostenía que lo de rescatar las autopistas quebradas no es cierto y que, de serlo, la culpa no es de los que están ahora (a los que él considera intervencionistas), sino de los que firmaron en su día un contrato público con garantía de beneficios.

También afirmaba en su artículo que los que crean que el problema de rescatar unas carreteras absurdas, por las que no pasa otra cosa que no sea el tiempo, está en la concesión de tales obras a empresas privadas no sabe de qué está hablando, porque las empresas saben perfectamente que tienen que hacer el proyecto rentable y miden los costes hasta el último céntimo por los riesgos terribles que podría suponer licitar demasiado a la baja. Su conclusión última es que el gasto está mal planificado y que esto es lo que pasa cuando uno se da al keynesianismo. No con esas palabras, pero sí, esa viene siendo la idea.

Por muy mal que me caiga Lacalle, y es mucho, no voy a caricaturizarlo como un bocazas sin puñetera idea de lo que dice, básicamente porque él es economista y yo no y sería un tanto soberbio. Es verdad que si un Gobierno decide realizar una obra demencial, de una manera u otra nos va a salir a todos los curritos del bolsillo, pero es tramposo decir que eso es culpa del Gobierno que lo haya firmado, porque un amplio porcentaje de los contratos del sector público incorporan algún tipo de cláusula penal, una serie de supuestos en los que tendremos que darle dinerito a la empresa de Florentino o alguna otra de las que siempre se llevan este tipo de adjudicaciones, para asegurarles la rentabilidad de su operación en caso de que se hayan equivocado en sus previsiones de ingresos o de costes. O, dicho de otra manera, la rentabilidad de esos contratos está garantizada, así que tampoco hay que romperse mucho la cabeza: si sale bien, genial, y si no, pagan los cuarenta millones de pringaos estos de aquí.

No tengo los conocimientos suficientes sobre gestión de grandes capitales para aventurar si esas cláusulas penales son positivas o negativas, pero sí soy capaz de llegar a una conclusión de forma intuitiva: la garantía estatal a las grandes obras incentiva el compadreo entre políticos y grandes empresarios. A otra incluso: que esas cláusulas penales permiten en muchos casos que las empresas licitadoras hagan ofertas temerarias con la intención de ganar el concurso y luego afrontar la resaca por esta vía o la de los sobrecostes (véase el ejemplo del Canal de Panamá). Y este razonamiento se me da de leches con el expuesto por Lacalle de que esas empresas son escrupulosas hasta el delirio con el control de costes, porque basta una búsqueda en Google de “sobrecostes obras públicas” y el navegador devuelve una buena cantidad de casos que, sencillamente, no me creo que Lacalle, el liberal que odia el dinero público pero ha fichado como asesor en la Comunidad de Madrid, no conozca.

Más bien parece un nuevo intento de sostener un argumento que tiene más de ideológico que de real: todo lo que es público es malo e ineficiente. Todo lo que es privado es un referente en lo que a gestión se refiere.

Y, si en algún caso no es así, seguro que es por culpa de algún político que se había metido por el medio, tal vez a “embridar el capitalismo”, ese sistema económico que hace que tengamos que rescatar a los ricos y dejar morir a los pobres, porque unos tienen demasiada importancia para vaya usted a saber qué, y los otros, esa chusma, no tienen el tamaño suficiente para ser relevantes, por ello nunca son rescatados y se tiran por las ventanas cuando van a desahuciarlos o se asfixian con el humo de un incendio en la casa que intentaban calentar.

Por eso a la banca se le dan 80.000 millones y al afectado por la hipoteca se le niega la dación en pago: porque todos somos iguales ante la ley, que es lo que importa a los liberales. Claro que sí, Daniel. Sin duda.

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