Joaquim Bosch, Número 61, Opinión
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Juicio a la Gurtel: claves del proceso

Por Joaquim Bosch* /  Foto: Efe

JOAQUIM BOSCH 2

@JoaquimBoschGra

En el caso Gurtel tenemos todo el catálogo de los delitos de corrupción: tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, falsedades documentales, fraude fiscal y muchos otros delitos. Todo además con una amplitud considerable de hechos y con una cantidad también de personas implicadas. Especialmente hay que valorar que en el caso Gurtel, los hechos que se investigan supuestamente, de ser ciertos, suponen un riesgo muy importante para nuestra democracia porque implican dar ventaja a unos partidos sobre otros y esto supondría una ruptura de las reglas del juego democrático, además de la intensa sustracción que puede haberse producido de fondos públicos a toda la sociedad. Por tanto, yo sí que pienso que es un juicio clave para nuestro país y además creo que el Estado de Derecho, nuestro Estado de Derecho, se está jugando aquí su propia credibilidad. Sobre la petición para que declare el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cabría decir que cualquier prueba testifical solo puede tener como objeto algo que un testigo haya visto o haya oído y que sea relevante para la causa. En consecuencia, no basta que el señor Rajoy sea presidente del Partido Popular para que, solo por eso, tenga que acudir a declarar a la Audiencia Nacional. Eso no es suficiente. Pero tampoco el hecho de que sea presidente del partido o incluso del Gobierno le puede eximir de declarar si su testimonio testifical puede ser relevante. De hecho, hay otros altos dirigentes de su partido que van a tener que prestar declaración. Por lo tanto, aquí lo que el tribunal va a tener que valorar es si concretamente esas cuestiones que haya presenciado el señor Rajoy pueden aclarar datos sobre hechos que se están conociendo en el juicio. Y aquí no bastará su cargo orgánico, sino que el tribunal tendrá que concretar si existe una posible participación. Ahora mismo eso puede ser discutible y el tribunal será quien lo tenga que decidir.

Sobre la anulación del juicio Gurtel por defectos de forma, que han solicitado los abogados tras la aportación al proceso de 17 horas de grabaciones del testigo protegido José Luis Peñas, me parece lógico que los acusados ejerzan en el juicio ese derecho a la defensa que les asiste. En todo caso, hay que estar a la doctrina jurisprudencial en materia de grabaciones entre particulares, que lo que indica es que esa prueba será nula, o incluso delictiva, si una conversación entre dos personas es grabada por un tercero, porque estaría vulnerando el derecho a la intimidad, pero la prueba será válida si la conversación la graba una de las dos personas que intervienen en ese diálogo. El propio juez instructor, Pablo Ruz, ha considerado que es aplicable esta doctrina jurisprudencial, que es bastante uniforme, y su criterio me parece bastante razonable. Pero como decía, me parece normal que las defensas intenten plantear este tema para que el tribunal vuelva a valorar esa cuestión.

Respecto a que la ex  ministra Ana Mato no concurra al juicio es habitual que los acusados deban estar presentes en la sala, ya que se están jugando toda una serie de derechos personales muy importantes, y el tribunal puede considerar necesaria su presencia para cualquier contingencia durante la vista oral. Pero un partícipe a título lucrativo, como es el caso de Ana Mato, solo responde civilmente y esa es la regla general que se sigue en nuestros juzgados y tribunales.

Finalmente, sobre la recusación planteada por la defensa contra el juez instructor, Baltasar Garzón, para invalidar todo el proceso por haber participado el magistrado en política anteriormente en las filas del PSOE, cabe decir que el motivo de las recusaciones de los magistrados Enrique López y Concepción Espejel fue muy distinto, porque allí lo que se planteó es que había conexiones directas con una de las partes, en este caso el PP. López, por ejemplo, había cobrado 11.000 euros del Partido Popular. No se trata pues de meras afinidades políticas, como en el caso de Garzón, donde no se ve afectada la imparcialidad, sino que en el caso de López y Espejel había una relación directa con las partes en el procedimiento, que es causa de recusación. No cabe pues la recusación de Garzón para invalidar todo el juicio.

*Joaquim Bosch es ex portavoz de la Asociación Jueces para la Democracia

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