Joaquim Bosch, Número 59, Opinión
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Los jueces somos el último baluarte del Estado de Derecho

Por Joaquim Bosch*

JOAQUIM BOSCH 2

@JoaquimBoschGra

El nombamiento del exministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria para el puesto vacante en el Banco Mundial es una designación de confianza que claramente, desde una perspectiva jurídica, se ha hecho dentro de la ley, pero es un nombramiento a dedo. No se puede camuflar como un concurso reglado porque eso significaría que se trataba de una convocatoria publicada en un boletín oficial con unos baremos y un nombramiento de acuerdo con la seguridad jurídica que especificara cuáles son los méritos de cada candidato. Esto no se ha producido. Y aún siendo cierto que el nombramiento es legal, temas tan llamativos como éste nos deben hacer reflexionar sobre el hecho de que en nuestro país hay cargos técnicos que se están cubriendo en base a criterios de discrecionalidad política y en el ámbito de la confianza y esto me parece inaceptable. Además, en este asunto del exminstro Soria, el tema todavía puede ser aún más criticable, ya que el propio Soria salió del Gobierno por razones de ejemplaridad al descurbrirse que tenía sus fondos en paraísos fiscales y que no pagaba impuestos por ello en nuestro país. No se entiende por tanto que con ese mismo criterio de ejemplaridad en un cargo de confianza, el Gobierno no haya optado por otras personas para el puesto al Banco Mundial. Desde luego, en la lucha contra la corrupción el criterio de ejemplaridad es básico y con este tipo de decisiones la ciudadanía queda bastante desorientada.  Sin entrar en cuestiones y valoraciones políticas, que por mi condición de juez no puedo hacer, ha quedado claro que en este caso no se ha elegido al mejor candidato en un proceso en el que podría haber optado al puesto cualquier persona cualificada, como debería haber sucedido, sino que ha sido un nombramiento de confianza, de pura discrecionalidad política decidido por cargos políticos vinculados al Gobierno. Por tanto, la mejor reflexión que podemos hacer sobre este asunto es que debemos cambiar este tipo de situaciones. Estos puestos no deben servir para nombrar a amigos del Gobierno, por decirlo de alguna manera, sino que se debe hacer siguiendo unos criterios técnicos rigurosos.

Apertura del año judicial. Todos los casos de corrupción que serán juzgados a partir de septiembre demuestran que la Justicia funciona. A pesar de las dificultades y de la falta de medios de los juzgados y tribunales, lo cierto es que  no se ha producido una clara regeneración democrática en el ámbito político y si se ha producido una gran conmoción en la sociedad por el estallido de estos escándalos de corrupción ha sido, sobre todo, por el esfuerzo de centenares de jueces independientes que han estado investigando en los últimos años a cerca de dos mil personas encausadas por corrupción. Y ahora, en este trimestre tras la apertura del año judicial, es cierto que se van a juzgar casos de gran relevancia penal que nos demuestran que al final los jueces somos la última trinchera del Estado de Derecho. Pueden fallar los controles políticos, pueden fallar los controles administrativos pero, de alguna manera, si falla el Poder Judicial nos quedamos sin civilización, sin convivencia organizada. Digamos que el Poder Judicial no debería fallar nunca. Pienso que en la instrucción de todos estos casos, Bárcenas, Gurtel, Púnica, etcétera, la Justicia ha actuado, con dificultades, pero ha actuado, y va a seguir estando en todos estos juicios a la altura de las circunstancias. Estoy convencido de que, sin poder pronosticar el resultado de estos casos, obviamente por respeto a la presunción de inocencia, vamos a ver condenas de cierta entidad en los próximos meses.

Interferencias y presiones. En estos últimos tiempos se han producido auténticos ataques ilegítimos a la independencia del Poder Judicial y no solo desde cargos políticos de cierta relevancia, lo cual es bastante grave, sino algo todavía peor, desde miembros del Gobierno, como el propio ministro de Justicia o el ministro del Interior, que llegó a insinuar que los jueces prevaricaban para perjudicar a su partido. Lo que no pueden pretender los políticos en un Estado de Derecho es ser ellos quienes apliquen la Justicia a los imputados de su partido. Deben ser personas independientes, jueces que representan a la sociedad quienes apliquen el ordenamiento jurídico, caiga quien caiga, y lamentablemente en esto nuestro país también se diferencia de otros Estados europeos porque se producen continuas interferencias y ataques que no son críticas jurídicas razonadas sino instrumentos de presión para que los jueces cambien sus resoluciones y, en ocasiones, para que se les consiga apartar de la investigación de un asunto, como ha sido el caso del magistrado Pablo Ruz, que después de toda una campaña política en su contra finalmente acabó saliendo del juzgado que investigaba el caso Gurtel.

*Joaquim Bosch es exportavoz de la asociación Jueces para la Democracia

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