El Consejo de Seguridad Nacional advirtió semanas atrás que «España es un objetivo permanente de la amenaza yihadista» y Cataluña «la zona en la que los procesos de radicalización detectados han sido más rápidos y un sector de la comunidad islámica allí implantada es la más radical y con más vínculos con otros extremistas de Europa».

Así figura en el informe anual del Consejo de Seguridad Nacional aprobado por el Gobierno, que constata el recrudecimiento del fenómeno de la radicalización y el terrorismo internacional, así como la crisis humanitaria y de refugiados en Europa, al tiempo que considera que ETA se encuentra en el peor momento de su historia.

En cuanto al panorama de riesgos y amenazas afirma que el fenómeno yihadista experimentó el pasado año un incremento muy relevante, especialmente el vinculado al Daesh o a Al Qaeda. Asegura que la campaña de captación de jóvenes extranjeros en medios cibernéticos llevada a cabo por el Daesh ha incrementado las alarmas en Europa y en España, aumentando los niveles de amenaza ante posibles ataques terroristas. Se calcula que unos 150 españoles o residentes en España han viajado a esas zonas para integrarse en las filas del Califato del Estado Islámico.

Fernando Reinares, director del programa de Terrorismo Global del Real Instituto Elcano y Carola García Calvo, colaboradora e investigadora del mismo organismo, presentaron el pasado martes su estudio Estado Islámico en España, un análisis completo sobre el terrorismo islamista en nuestro país a partir de todos los datos sobre individuos puestos a disposición judicial desde 2013. «En Niza hubo un atronador fallo de seguridad; tenemos que sacar lecciones», aseguró Reinares a propósito del último atentado terrorista cometido en suelo francés. «Las medidas no impidieron el acceso del camión a un paseo ampliamente concurrido y en un día festivo tan señalado para los franceses. De este terrible fallo hay que extraer las debidas lecciones», agregó.

Según Reinares y García Calvo, después de la matanza del 11 de marzo de 2004 en Madrid,  responsables  policiales  y  de la Fiscalía  optaron como enfoque preventivo por la «anticipación de  operaciones  contra  el  terrorismo  yihadista»,  con  el  fin  de  desbaratar  posibles  atentados  en  fase  de  planificación o preparación. Esta perspectiva ha sido decisiva  para  que  en  España  no  se  hayan  registrado acciones de corte fundamentalista desde el episodio suicida de Leganés tras el 11M, según explican los investigadores en el artículo Estado Islámico en España. También ha sido valiosa la prevención, a juicio de los expertos, por  su  efecto disuasorio sobre aquellos individuos cuyo reclutamiento por el ISIS era ya inminente.

Sin embargo, un inconveniente de la anticipación es que  suele  proporcionar  pruebas  menos  sólidas  que  las recabadas tras investigaciones más prolongadas y requiere sofisticados razonamientos legales basados en  evidencias  circunstanciales,  lo  cual  incide  de  modo variable sobre las sentencias dictadas. En  cualquier  caso,  desde  el  inicio  de  la  actual  movilización relacionada con la insurgencia yihadista en Siria e Irak, se ha producido un cambio destacado en las estructuras españolas de seguridad interior que puede  contribuir  a  atenuar  futuras acciones terroristas.  Se trata de la  fusión, en 2014, del Centro Nacional de Coordinación   Antiterrorista   (CNCA)  –creado  en  2004,  tras  los  atentados  del  11M– y del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado  (CICO)  en  el  nuevo  CITCO,  organismo  en principio más idóneo para, además de coordinar investigaciones sobre terrorismo yihadista, trazar sus conexiones con la delincuencia organizada, habitualmente dedicada al tráfico de drogas, de personas y redes de blanqueo de dinero.

También debería contribuir a minimizar los problemas derivados del enfoque preventivo en operaciones contra el yihadismo la nueva legislación antiterrorista que  el  Parlamento  español  aprobó en marzo de 2015, y que se encuentra en vigor desde julio de ese mismo año.  Las  nuevas  disposiciones  del  Código  Penal  se  adecúan  a  una  serie  de cambios  observados  en  los  procesos  de  radicalización  yihadista, como se demuestra en los datos recogidos en el  informe  de  Reinares y García Calvo acerca  de  los  detenidos  puestos  a  disposición  judicial  en  nuestro  país  por  actividades  relacionadas  con  Estado Islámico  desde 2013.

En  suma,  dicen los autores, ante  una  amenaza  yihadista  como  la  que  tiene  su  fuente  en  ISIS/Daesh,  España  debe  mantener  y  mejorar tanto las capacidades como la coordinación antiterrorista de las Fuerzas de Seguridad del Estado, de las policías autonómicas  competentes  en  materia  de  terrorismo  y  del  Centro  Nacional  de  Inteligencia  (CNI).  Para los investigadores del Instituto Elcano el  país  tiene  igualmente  que  continuar  adaptando  y  actualizando el tratamiento jurídico del terrorismo, «sin obviar asuntos cruciales que afectan a un apropiado enjuiciamiento criminal de los detenidos, para que las instituciones judiciales sean, además de garantistas en la  protección de derechos   fundamentales   y   libertades públicas, más eficaces frente al yihadismo». Los autores advierten además de que cada vez son más frecuentes las segundas generaciones de terroristas entre  los  detenidos  de  nacionalidad  española,  lo que agrava aún más el problema, ya que se trata de ciudadanos españoles de pleno derecho, no de desarraigados extranjeros que llegan tras luchar en Oriente Medio. Reinares y García Calvo creen que las comunidades islámicas que no compartan los principios y procedimientos de la democracia liberal deben ser objeto de especial vigilancia.

Por su parte, el componente foráneo y básicamente marroquí  de  la  actividad  terrorista  que  en  nuestro  país  se  relaciona  con  Estado Islámico,  así  como  el  hecho  de  que  la  mayoría  de  los  detenidos  están integrados  en  células,  grupos  o  redes  transnacionales,  aconseja  que  se  sostengan y desarrollen mecanismos de cooperación internacional.  Una  cooperación  que  en  su  faceta  bilateral  se  refiere  principal  pero  no  exclusivamente  a  Marruecos  –entre  junio  de  2013  y  mayo  de  2016  se han desarrollado ocho operaciones antiterroristas conjuntas entre autoridades españolas y marroquíes– y en la multilateralidad, especialmente con la Unión Europea. Al tiempo,  a España corresponde favorecer iniciativas  legítimas  de  la  comunidad  internacional  en  zonas  del  exterior  que  son  foco  de  la  amenaza  terrorista global que supone Estado Islámico. Las Fuerzas Armadas españolas se incorporaron a la coalición internacional contra   esta   organización   yihadista   en   octubre   de  2014,  al  mes  de  ser  constituida.  Contribuyen  con  un  contingente  dedicado  a  la  formación  y  el  adiestramiento  de  unidades  iraquíes.  Sin  embargo,  en  mayo  de  2015 solo la mitad  de  los  ciudadanos entrevistados se mostraba favorable a la participación de nuestro país en operaciones militares de la coalición contra el Califato de Daesh.

En  cualquier  caso,  los  resultados  de  aplicar  en  y  desde  España  políticas  frente  a  la  amenaza  de  Estado Islámico  dependerán  de  que  se  sustenten  en  un  amplio  consenso   parlamentario, según los especialistas del Instituto Elcano. Una oportunidad para consolidarlo  la  ofrece  la  revisión  pendiente  de  la  Estrategia Integral Contra el Terrorismo Internacional y  la  Radicalización  (EICTIR),  aprobada  en  2010  por  el  Gobierno  de  España  y  ratificada  en  2012  por  un  nuevo  Ejecutivo  de  nuestro  país,  en  vigor  desde  entonces.  Existe  además  un  mecanismo  para  ello  desde  2015:  el  Acuerdo  para  afianzar  la  unidad  en  defensa  de  las  libertades  y  en  la  lucha  contra  el  terrorismo, conocido como pacto antiyihadista.

Por su parte, el informe del Consejo de Seguridad Nacional incide en que España sirve de base para la actividad logística de las redes de captación, que actúan tanto en Europa como en el ámbito geográfico magrebí y mediterráneo. Pone de manifiesto que las colaboraciones en los ámbitos de la inteligencia y la información han permitido detectar la presencia en España de individuos muy radicalizados, susceptibles de ser reclutados para la ejecución de atentados terroristas.

Y en este sentido insiste en que se ha incrementado la colaboración con los Mossos d’Esquadra, «habida cuenta de que Cataluña es la zona en la que los procesos de radicalización detectados han sido más rápidos, y que un sector de la comunidad islámica allí implantada se caracteriza por ser la más radical de España y con más vínculos con otros extremistas de Europa».

Por otra parte, el documento señala que se ha vivido en Europa la mayor crisis humanitaria y de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial y apunta que los ciberataques siguen siendo una preocupación de la mayor entidad, junto con la amenaza de proliferación de armas de destrucción masiva, que sigue viva e implica tanto a actores estatales como no estatales.

También advierte de que el cambio climático conserva su potencial como multiplicador del riesgo de catástrofes y que inundaciones e incendios forestales siguen siendo un riesgo recurrente en nuestro país. Por otro lado constata que son menos los grupos de crimen organizado que actúan en España, aun cuando su interconexión con otras amenazas como el terrorismo es una constante y son motivo de la máxima vigilancia y seguimiento las conductas de corrupción pública.

En el ámbito del terrorismo autóctono, el informe afirma que la firmeza de las instituciones y las operaciones realizadas en España y Francia son factores causales de la situación crítica de ETA. Y concreta que «se encuentra en el peor momento de su historia, sin apenas militantes ni referentes en su dirección y obligada a poner sus expectativas en un cambio de política antiterrorista, en el marco de una estrategia caduca que pretende hacer valer el arsenal del que dispone todavía».

El informe se elaboró antes del brutal atentado de Niza del pasado día 14, cuando un camión conducido por un activista radicalizado arrolló, sobre las 23.20 horas, a una multitud que estaba celebrando los festejos del Día Nacional de Francia, en el paseo de los Ingleses. El conductor del camión, el tunecino de 31 años Mohamed Lahouaiej Bouhlel, fue abatido por la policía. Hasta el momento hay 84 muertos y más de 202 heridos, 50 de ellos en estado grave. Por ahora nuestro país se ha situado en un nivel de alerta 4, pero fuentes próximas a la lucha antiterrorista aseguran que este nivel podría incrementarse en cualquier momento.

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