Mapa del supuesto Califato global que pretende instaurar el grupo terrorista Daesh/Isis.
Por Adrián Durante / Agencias. Lunes, 18 de julio de 2016

Nacional
El Consejo de Seguridad Nacional advirtió semanas atrás que «España es un objetivo permanente de la amenaza yihadista» y Cataluña «la zona en la que los procesos de radicalización detectados han sido más rápidos y un sector de la comunidad islámica allí implantada es la más radical y con más vínculos con otros extremistas de Europa».
Así figura en el informe anual del Consejo de Seguridad Nacional aprobado por el Gobierno, que constata el recrudecimiento del fenómeno de la radicalización y el terrorismo internacional, así como la crisis humanitaria y de refugiados en Europa, al tiempo que considera que ETA se encuentra en el peor momento de su historia.
En cuanto al panorama de riesgos y amenazas afirma que el fenómeno yihadista experimentó el pasado año un incremento muy relevante, especialmente el vinculado al Daesh o a Al Qaeda. Asegura que la campaña de captación de jóvenes extranjeros en medios cibernéticos llevada a cabo por el Daesh ha incrementado las alarmas en Europa y en España, aumentando los niveles de amenaza ante posibles ataques terroristas. Se calcula que unos 150 españoles o residentes en España han viajado a esas zonas para integrarse en las filas del Califato del Estado Islámico.
Fernando Reinares, director del programa de Terrorismo Global del Real Instituto Elcano y Carola García Calvo, colaboradora e investigadora del mismo organismo, presentaron el pasado martes su estudio Estado Islámico en España, un análisis completo sobre el terrorismo islamista en nuestro país a partir de todos los datos sobre individuos puestos a disposición judicial desde 2013. «En Niza hubo un atronador fallo de seguridad; tenemos que sacar lecciones», aseguró Reinares a propósito del último atentado terrorista cometido en suelo francés. «Las medidas no impidieron el acceso del camión a un paseo ampliamente concurrido y en un día festivo tan señalado para los franceses. De este terrible fallo hay que extraer las debidas lecciones», agregó.
Según Reinares y García Calvo, después de la matanza del 11 de marzo de 2004 en Madrid, responsables policiales y de la Fiscalía optaron como enfoque preventivo por la «anticipación de operaciones contra el terrorismo yihadista», con el fin de desbaratar posibles atentados en fase de planificación o preparación. Esta perspectiva ha sido decisiva para que en España no se hayan registrado acciones de corte fundamentalista desde el episodio suicida de Leganés tras el 11M, según explican los investigadores en el artículo Estado Islámico en España. También ha sido valiosa la prevención, a juicio de los expertos, por su efecto disuasorio sobre aquellos individuos cuyo reclutamiento por el ISIS era ya inminente.
Sin embargo, un inconveniente de la anticipación es que suele proporcionar pruebas menos sólidas que las recabadas tras investigaciones más prolongadas y requiere sofisticados razonamientos legales basados en evidencias circunstanciales, lo cual incide de modo variable sobre las sentencias dictadas. En cualquier caso, desde el inicio de la actual movilización relacionada con la insurgencia yihadista en Siria e Irak, se ha producido un cambio destacado en las estructuras españolas de seguridad interior que puede contribuir a atenuar futuras acciones terroristas. Se trata de la fusión, en 2014, del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA) –creado en 2004, tras los atentados del 11M– y del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO) en el nuevo CITCO, organismo en principio más idóneo para, además de coordinar investigaciones sobre terrorismo yihadista, trazar sus conexiones con la delincuencia organizada, habitualmente dedicada al tráfico de drogas, de personas y redes de blanqueo de dinero.
También debería contribuir a minimizar los problemas derivados del enfoque preventivo en operaciones contra el yihadismo la nueva legislación antiterrorista que el Parlamento español aprobó en marzo de 2015, y que se encuentra en vigor desde julio de ese mismo año. Las nuevas disposiciones del Código Penal se adecúan a una serie de cambios observados en los procesos de radicalización yihadista, como se demuestra en los datos recogidos en el informe de Reinares y García Calvo acerca de los detenidos puestos a disposición judicial en nuestro país por actividades relacionadas con Estado Islámico desde 2013.
En suma, dicen los autores, ante una amenaza yihadista como la que tiene su fuente en ISIS/Daesh, España debe mantener y mejorar tanto las capacidades como la coordinación antiterrorista de las Fuerzas de Seguridad del Estado, de las policías autonómicas competentes en materia de terrorismo y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Para los investigadores del Instituto Elcano el país tiene igualmente que continuar adaptando y actualizando el tratamiento jurídico del terrorismo, «sin obviar asuntos cruciales que afectan a un apropiado enjuiciamiento criminal de los detenidos, para que las instituciones judiciales sean, además de garantistas en la protección de derechos fundamentales y libertades públicas, más eficaces frente al yihadismo». Los autores advierten además de que cada vez son más frecuentes las segundas generaciones de terroristas entre los detenidos de nacionalidad española, lo que agrava aún más el problema, ya que se trata de ciudadanos españoles de pleno derecho, no de desarraigados extranjeros que llegan tras luchar en Oriente Medio. Reinares y García Calvo creen que las comunidades islámicas que no compartan los principios y procedimientos de la democracia liberal deben ser objeto de especial vigilancia.

La Guardia Civil detiene a cuatro personas por formar parte de una red de reclutamiento y adoctrinamiento de yihadistas en España. En la imagen, agentes del instituto armado detienen a uno de los sospechosos en Melilla, el 24 de febrero de 2015. Foto: Reuters.
Por su parte, el componente foráneo y básicamente marroquí de la actividad terrorista que en nuestro país se relaciona con Estado Islámico, así como el hecho de que la mayoría de los detenidos están integrados en células, grupos o redes transnacionales, aconseja que se sostengan y desarrollen mecanismos de cooperación internacional. Una cooperación que en su faceta bilateral se refiere principal pero no exclusivamente a Marruecos –entre junio de 2013 y mayo de 2016 se han desarrollado ocho operaciones antiterroristas conjuntas entre autoridades españolas y marroquíes– y en la multilateralidad, especialmente con la Unión Europea. Al tiempo, a España corresponde favorecer iniciativas legítimas de la comunidad internacional en zonas del exterior que son foco de la amenaza terrorista global que supone Estado Islámico. Las Fuerzas Armadas españolas se incorporaron a la coalición internacional contra esta organización yihadista en octubre de 2014, al mes de ser constituida. Contribuyen con un contingente dedicado a la formación y el adiestramiento de unidades iraquíes. Sin embargo, en mayo de 2015 solo la mitad de los ciudadanos entrevistados se mostraba favorable a la participación de nuestro país en operaciones militares de la coalición contra el Califato de Daesh.
En cualquier caso, los resultados de aplicar en y desde España políticas frente a la amenaza de Estado Islámico dependerán de que se sustenten en un amplio consenso parlamentario, según los especialistas del Instituto Elcano. Una oportunidad para consolidarlo la ofrece la revisión pendiente de la Estrategia Integral Contra el Terrorismo Internacional y la Radicalización (EICTIR), aprobada en 2010 por el Gobierno de España y ratificada en 2012 por un nuevo Ejecutivo de nuestro país, en vigor desde entonces. Existe además un mecanismo para ello desde 2015: el Acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo, conocido como pacto antiyihadista.
Por su parte, el informe del Consejo de Seguridad Nacional incide en que España sirve de base para la actividad logística de las redes de captación, que actúan tanto en Europa como en el ámbito geográfico magrebí y mediterráneo. Pone de manifiesto que las colaboraciones en los ámbitos de la inteligencia y la información han permitido detectar la presencia en España de individuos muy radicalizados, susceptibles de ser reclutados para la ejecución de atentados terroristas.
Y en este sentido insiste en que se ha incrementado la colaboración con los Mossos d’Esquadra, «habida cuenta de que Cataluña es la zona en la que los procesos de radicalización detectados han sido más rápidos, y que un sector de la comunidad islámica allí implantada se caracteriza por ser la más radical de España y con más vínculos con otros extremistas de Europa».
Por otra parte, el documento señala que se ha vivido en Europa la mayor crisis humanitaria y de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial y apunta que los ciberataques siguen siendo una preocupación de la mayor entidad, junto con la amenaza de proliferación de armas de destrucción masiva, que sigue viva e implica tanto a actores estatales como no estatales.
También advierte de que el cambio climático conserva su potencial como multiplicador del riesgo de catástrofes y que inundaciones e incendios forestales siguen siendo un riesgo recurrente en nuestro país. Por otro lado constata que son menos los grupos de crimen organizado que actúan en España, aun cuando su interconexión con otras amenazas como el terrorismo es una constante y son motivo de la máxima vigilancia y seguimiento las conductas de corrupción pública.
En el ámbito del terrorismo autóctono, el informe afirma que la firmeza de las instituciones y las operaciones realizadas en España y Francia son factores causales de la situación crítica de ETA. Y concreta que «se encuentra en el peor momento de su historia, sin apenas militantes ni referentes en su dirección y obligada a poner sus expectativas en un cambio de política antiterrorista, en el marco de una estrategia caduca que pretende hacer valer el arsenal del que dispone todavía».
El informe se elaboró antes del brutal atentado de Niza del pasado día 14, cuando un camión conducido por un activista radicalizado arrolló, sobre las 23.20 horas, a una multitud que estaba celebrando los festejos del Día Nacional de Francia, en el paseo de los Ingleses. El conductor del camión, el tunecino de 31 años Mohamed Lahouaiej Bouhlel, fue abatido por la policía. Hasta el momento hay 84 muertos y más de 202 heridos, 50 de ellos en estado grave. Por ahora nuestro país se ha situado en un nivel de alerta 4, pero fuentes próximas a la lucha antiterrorista aseguran que este nivel podría incrementarse en cualquier momento.
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