Joaquim Bosch, Número 53, Opinión
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La religión no cabe en el Código Penal

Protesta de Rita Maestre en la capilla de la Universidad Complutense de Madrid.

Por Joaquim Bosch* 

JOAQUIM BOSCH 2

Joaquim Bosch

En el caso Rita Maestre, la Fiscalía debería centrarse en argumentaciones estrictamente jurídicas sin formular juicios de valor de forma despectiva o descalificatoria que están claramente fuera de lugar. Una apuesta ideológica y de defensa a ultranza de la religión que parte de concepciones sagradas no se puede imponer a una sociedad, ya que hay muchos ciudadanos que no tienen por qué compartir esas ideas religiosas. Cuando la Fiscalía sustituye razones jurídicas por dogmas religiosos se tambalea la aconfesionalidad del Estado. Y vamos a que un poder invisible, casi estatal, como es el de la Iglesia, se acabe convirtiendo en un poder visible a través de situaciones concretas cada vez más frecuentes. Podríamos analizar la diferencia de trato que han tenido países como Francia y Túnez ante este tipo de situaciones. En París, en el caso de una protesta de activistas de Femen en un lugar especialmente sagrado como fue la catedral de Notre Dame, el poder judicial francés sentenció que debía prevalecer la libertad de expresión. En Túnez, una protesta similar terminó con una pena de prisión para los activistas. Luego la cuestión es a quién queremos parecernos: si al modelo aconfesional francés, o al modelo religioso que domina en los países islámicos. Las alusiones del escrito de la fiscal a que “las señoritas están en su derecho de alardear de ser putas”, restan credibilidad a un texto jurídico y cualquier lector se puede quedar con la duda de si se está simplemente interpretando el Código Penal o se está realizando una apuesta religiosa en la que se demuestra cierto desprecio contra quienes tienen una forma distinta de pensar o de entender la religión.

Un organismo público del Estado como es la Fiscalía no debería entrar en esas cuestiones. Visto desde fuera, la sentencia que se dictó contra Rita Maestre –en la que el juez, al resolver la colisión entre el derecho a la libertad de expresión y al sentimiento religioso, primó este segundo valor–, me parece discutible. En el acto llevado a cabo en la capilla de la Complutense lo que hubo fue una intención de protestar contra la presencia de un templo religioso en una Universidad pública, pero la juez es la competente para interpretarlo y tendremos que ver qué dice la Audiencia Provincial al resolver el recurso. No obstante, en la sentencia los argumentos fueron estrictamente jurídicos, que es lo que no ha hecho la Fiscalía, y si nos fijamos, esta misma protesta, de haberse llevado a cabo ante la sede de un partido político, no estaría castigada en el Código Penal, lo cual demuestra que la religión tiene una protección mucho mayor que los sentimientos ideológicos o la propia actividad de los partidos políticos. Por ello mi impresión es que desde el respeto a las creencia de cada cual, estos tipos delictivos, como son el delito de blasfemia y el delito contra los  sentimientos religiosos, tendrían que derogarse del Código Penal. No creo que el escrito de la Fiscalía contra Rita Maestre se haya sacado de contexto por parte de los medios de comunicación, como se ha estado diciendo estos días. Yo he leído el documento y me ha chocado incluso el uso de las mayúsculas para hablar de los católicos, del altar y de los elementos de carácter sagrado, así como otro tipo de adjetivaciones no jurídicas, de alguna manera afeando a aquellos que participaron en la protesta por el hecho de ser progresistas o liberales. La Fiscalía confunde pecado con delito, como si viviéramos en un estado piadoso y confesional. Por tanto, mi impresión es que el escrito de la Fiscalía no está sacado de contexto, sino que utiliza palabras innecesarias. Porque aquí lo que estamos debatiendo es el conflicto de derechos. Si los activistas hubieran ido allí a faltarle al respeto a los que estaban en la capilla aún podríamos hablar de un delito, pero solo hubo una actitud de criticar la falta de separación entre los poderes eclesiástico y civil. ¿Qué pensaríamos de una institución, partido político o sindicato que prohibiera a las mujeres o a los homosexuales, por ejemplo, acceder a un cargo público? Pensaríamos sin duda que habría problemas de constitucionalidad en cuanto a esos valores y no hablo ya de la  Iglesia Católica, a la que respeto como no podía ser de otra manera, sino  de la Iglesia como institución de poder. Por tanto, aquel que quiera protestar contra esta falta de separación entre Iglesia/Estado creo que debe poder hacerlo, siempre y cuando no se vulneren derechos básicos de las personas. Mi impresión en todo este asunto es que debe prevalecer el derecho de crítica y libertad de expresión, aunque evidentemente hay aspectos de la protesta en la que participó Rita Maestre que no puedo compartir.

* Joaquim Bosch es portavoz de Jueces para la Democracia

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