Artsenal, Humor Gráfico, Número 51, Opinión, Xavier Latorre
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Vidas ejemplares

Por Xavier Latorre / Ilustración: Artsenal

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Xavier Latorre

Yo confieso, tú confiesas, ellos confiesan… “Señoría, yo me acuso: yo también pagué las campañas electorales al PP”. Está visto que los abogados de empresa son señores que conocen el derecho mercantil al dedillo, aunque últimamente les toca empollar en sus ratos libres el Código Penal. El que mejores letrados tiene es, sin duda, Enrique Ortiz, el dueño del 70 por ciento del suelo urbanizable en Alicante. A este pez gordo, sus consejeros legales le han aconsejado contar algo de lo que sabe para evitar ir directo a la trena. Su pionera declaración autoinculpatoria le supondrá una rebaja de pena de 4 años de cárcel a 15 meses, con lo que se ahorrará ingresar en un penal. “Sí, yo también financié bajo mano a Francisco Camps y sus cuarenta colaboradores directos”. El superconstructor alicantino ha reconocido que subvencionaba directamente las maniobras en la oscuridad del Partido Popular valenciano. Para Ortiz era como tenerlos en nómina pero sin pagarles religiosamente cada mes. Bastaba con soltarles de tanto en tanto un dinero que ellos utilizaban para ganar congresos de partido o comicios amañados. Con  esas inyecciones de efectivo, el PP se dopaba y ganaba las carreras electorales fácilmente.

En las sonrojantes grabaciones que vomitan los telediarios se nota la supremacía del señor Ortiz con sus interlocutores. Las conversaciones denotan la ascendencia de este macho alfa de las finanzas sobre aquellas personas que perdían el culo por complacerle. Los pobres alicantinos han padecido en sus carnes a este constructor voraz, que es lo peor que le puede pasar a una ciudad envidiable. El señor Ortiz dibujó a su antojo el plano de Alicante. Durante años, su insaciable apetito económico fue colmado con creces gracias a los repetidos favores que le hacían nuestros gobernantes.

Eran cinco las empresas que abonaban (hace casi una década) algunos gastos del PP valenciano a través de la red corrupta de Francisco Correa, el cabecilla de la Gürtel, y su apoderado en Valencia, Alvarito el Bigotes. Hace unos días otro de los empresarios inculpados ha confesado también. El dueño y señor de Piaf, una empresa radicada en Fabra City, también ha cantado. Quedan tres. Otro, me jugaría, el pellejo que no tardará mucho en imitarlos y entonar su mea culpa. Y los dos últimos deben andar mareando la perdiz. No es lo mismo una reprimenda y una multa, que el trullo. Han tardado mucho tiempo en confesar sus pecados y lo han hecho bajo la severa amenaza de ser condenados por beneficiarse supuestamente de las instituciones a cambio de una limosna; un miserable donativo, a veces ridículo, si lo comparamos con el margen de beneficios que les proporcionaba a los ventajistas  empresarios la adjudicación de una suculenta contrata pública.

El daño está hecho y es irreversible. Han pervertido la normativa legal de contratación, han maniatado a los gobernantes y han convertido el juego electoral en una partida de cartas marcadas. Eran unos empresarios “presuntamente” modélicos que ahora comienzan a delatarse a sí mismos con tal de librarse del talego. Sus abogados argüirán que el impuesto revolucionario es una práctica habitual y que para ser competitivos debían buscar esos atajos administrativos. Esa gentuza, presuntamente ejemplar, se ha forrado a nuestra cuenta. Pretendían ser nuestros referentes y se han convertido en unos siniestros estafadores.

El juez, cuando llegue la hora de dictar sentencia, les rebajará la condena por su súbito arrepentimiento. Nosotros, sin embargo, no deberíamos olvidar que Sedesa, en Valencia; Ortiz, en Alicante; y Facsa, Lubasa y Piaf, en Castellón, traficaban con nuestros votos. Son un mal ejemplo para todos, aunque desfilen como corderitos por el confesionario de la Fiscalía Anticorrupción.

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