Ada Colau, Artsenal, Humor Gráfico, Número 52, Opinión
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La fraternidad empieza por abajo

Por Ada Colau / Ilustración: Artsenal

ADA COLAU

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Vidas destruidas. Llevamos años de crisis, paro y desahucios, con un Gobierno del PP que se niega a utilizar sus competencias para acabar con el sufrimiento de miles de familias. Hace mucho que la PAH y otros colectivos han puesto las soluciones sobre la mesa, avaladas por Europa, juristas y todo tipo de expertos. No saldremos de la crisis hasta que se permita a las familias volver a empezar, y se movilicen las millones de viviendas vacías hacia el alquiler social. Pero el PP no sólo no legisla, sino que además quiere impedir que las comunidades autónomas o ayuntamientos actuemos. Este último año, gracias a la ley 24/2015 impulsada por la ciudadanía y aprobada por el Parlament, los ayuntamientos en Catalunya tenemos una poderosa herramienta para proteger el derecho a la vivienda y a los suministros básicos. Ahora que hemos empezado a aplicarla y a multar a grandes propietarios por incumplirla, el Gobierno de Rajoy pretende impugnarla. La excusa son las competencias, aunque en realidad se trata de complicidades con grandes poderes financieros del país. Como el perro del Hortelano, el Gobierno de Rajoy ni come ni deja comer: ni paraliza los desahucios, ni deja que otros lo hagamos.

Derechos humanos por encima de todo. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Alianza Contra la Pobreza Energética (APE) han convocado protestas ante las sedes del PP de todo el Estado para defender una ley que nació desde abajo, para evitar el sufrimiento de miles de personas, y que no podemos permitir que se derogue desde arriba sólo para mantener los beneficios de grandes propietarios y empresas suministradoras. La fraternidad por abajo es eso: cientos de personas movilizándose para salvar una ley de origen popular, y para que se aprueben leyes iguales en todas las comunidades, en todo el país. El Gobierno de Rajoy no acepta dar explicaciones en el Congreso con la excusa de que está en funciones. Sin embargo, estar en funciones no le impide inmiscuirse en lo que hacemos otras administraciones, y lo hace para defender los intereses de bancos, eléctricas y fondos especulativos de inversión. Entérense: no hay que cambiar una ley que funciona, sino el Gobierno en funciones que pretende impugnarla. Desde Barcelona seguiremos actuando al límite de nuestras competencias, y más allá, para defender los derechos humanos.

Servicios públicos esenciales. La Ley Montoro ata las manos a los ayuntamientos a la hora de ampliar servicios que consideramos básicos. Pero siempre lo hemos dicho: si hay voluntad política, se puede buscar una brecha hasta encontrar el camino. Es nuestra responsabilidad y nuestra obligación. La hemos encontrado y se llama “servicios esenciales”. Hasta ahora se habían declarado servicios esenciales los Bomberos o la Guardia Urbana, pero no la educación o los servicios sociales. Para este Ayuntamiento también lo son. Esa será la manera de cubrir necesidades básicas creando, además, 1.900 puestos de trabajo.

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Artsenal

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