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El día que la infanta lloró

La infanta Cristina, el primer día que se sentó en el banquillo de los acusados. Foto: Efe

Por José Antequera. Domingo, 31 de enero de 2016

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Corre el mes de febrero del año 2006. La crisis económica aún no ha estallado y la Monarquía española, con sus defectos, sigue siendo una de las instituciones mejor valoradas por los ciudadanos. En esos días un desconocido diputado socialista del Parlamento de Baleares, Antoni Diéguez, decide denunciar públicamente que el Gobierno autonómico presidido por el popular Jaume Matas ha pagado 1,2 millones de euros a la Fundación Nóos a cambio de la organización de un foro sobre turismo y deporte. Pocos saben qué es el Instituto Nóos ni que detrás de esta institución sin ánimo de lucro se encuentra nada más y nada menos que don Iñaki Urdangarín, duque de Palma y marido de la infanta Cristina, la hija del Rey Juan Carlos I. Acaba de estallar el caso de corrupción que hará tambalearse a la Monarquía española.

Durante meses, las denuncias de Diéguez duermen el sueño de los justos en un juzgado de Palma de Mallorca, hasta que en el verano de 2007 el nuevo Gobierno autonómico socialista recién llegado al poder detecta un sospechoso sobrecoste en la construcción de un polideportivo: el Palma Arena. La obra se había aprobado por un presupuesto de salida de 43 millones de euros, pero misteriosamente la instalación acaba costando casi el triple. El asunto termina en los tribunales.

En el año 2009 los duques de Palma se han mudado a Washington D.C., donde Iñaki Urdangarin empieza a trabajar como alto ejecutivo de la compañía Telefónica, pese a que su experiencia y formación como jugador de balonmano poco tiene que ver con la dirección de empresas. La Familia Real no sabe aún que la Policía está registrando el despacho de Matas en busca de datos sobre la construcción del Palma Arena ni que los agentes han hallado abundante documentación sobre dos convenios de colaboración entre el Gobierno balear y el Instituto Nóos, así como sobre un complejo entramado de empresas creadas alrededor de esta fundación. El juez instructor José Castro descubre en esos papeles motivos suficientes para abrir una nueva pieza separada, la número 25 del caso Palma Arena, por malversación de caudales públicos, fraude, prevaricación, falsedad y blanqueo de capitales. Ha nacido el escándalo Nóos, caso Urdangarín u Operación Babel, que fue como la Policía bautizó las pesquisas en un primer momento.

Desde el principio, el juez Castro centra sus investigaciones en los convenios firmados entre el Gobierno balear y el Instituto Nóos, presidido por Iñaki Urdangarin y su socio, el empresario Diego Torres. Todo apunta a que el duque de Palma ha podido utilizar sus influencias para mediar ante los gobiernos de Baleares y de la Comunidad Valenciana, en nombre de la Casa Real, con el fin de conseguir contratos de colaboración y fondos públicos a cambio de trabajos de asesoramiento deportivo que el Instituto Nóos finalmente ni siquiera realizaba. Según la ley española, estos convenios son irregulares, ya que las instituciones gubernamentales no pueden firmar acuerdos de esta clase con empresas privadas al margen de los concursos públicos legalmente establecidos.

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Los duques de Palma, en una recepción oficial. Foto: Efe

Poco a poco, el juez Castro va tirando del hilo, hasta detectar que el duque de Palma y su socio han tejido una maraña de empresas en torno al Instituto Nóos (Aizoon, Baf Tejeiro, Medina) con el objetivo de canalizar los ingresos que obtenían por los contratos adjudicados. La Agencia Tributaria destapa un agujero fiscal de más de 230.000 euros correspondientes solo al año tributario 2007.

En 2011, Castro cita a declarar a Diego Torres −que se defiende argumentando que todo es legal− y ordena nuevos registros en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia en busca de más contratos con el membrete del Instituto Nóos. El 29 de diciembre de ese mismo año, el juez imputa al duque de Palma por presuntos delitos de evasión de impuestos, fraude fiscal, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos. La Monarquía española está seriamente tocada.

Poco a poco, los medios de comunicación nacionales y extranjeros van informando sobre los movimientos que en los últimos meses han tenido lugar en el Palacio de la Zarzuela. De esta manera, sale a la luz que tiempo atrás la Casa Real ya había aconsejado a Iñaki Urdangarin que dejara el Instituto Nóos para dar una sensación de mayor transparencia de cara a la opinión pública. Finalmente, en diciembre de 2011, el duque de Palma es apartado de toda actividad oficial de la Casa Real por su “conducta no ejemplar” y el Rey Juan Carlos se refiere veladamente al caso Nóos, sin nombrar a su yerno expresamente, durante su discurso de Nochebuena. Juan Carlos apela al “comportamiento ejemplar” que deben seguir los responsables públicos y recuerda que “la justicia es igual para todos”, por lo que “cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley”. Pero ya es demasiado tarde, la mancha se extiende como un veneno rápido por el Palacio de la Zarzuela. El escándalo es tan gigantesco que los negocios oscuros de Urdangarin salpican también a su esposa, Cristina de Borbón, la segunda hija del Rey. El terremoto está a punto de desencadenarse.

A finales de 2011, y en medio de una gran presión mediática y política, la Casa Real decide hacer públicas sus cuentas en su web oficial para seguir con la imagen de transparencia. Esos días de Pascua la infanta ya no los pasa en Zarzuela y la foto de Navidad, por primera vez, muestra a una Familia Real dividida. Finalmente, es la Reina Sofía la que decide dar el paso y volar hasta Washington para pasar unos días con su hija y su yerno. La reina madre se deja fotografiar junto a los duques de Palma y la revista Hola, una publicación rosa, sorprende con una portada bajo el titular: “La reina, días en familia con los duques de Palma en Washington”. La decisión de Sofía de estar con su hija en los peores momentos es duramente criticada por un sector de la prensa española.

Mientras tanto, la investigación prosigue en el Juzgado de Palma. El 2 de enero de 2012, el juez Castro emite un auto demoledor en el que da por hecho que el duque de Palma y Diego Torres se han enriquecido ilegalmente al ingresar seis millones de euros procedentes del Instituto Nóos. Más de 740.000 euros de esos beneficios entran por la inmobiliaria Aizoon, una de las empresas investigadas, cuya propiedad comparte Urdangarin con su esposa. La Fiscalía Anticorrupción apunta directamente a la Comunidad Valenciana y al Gobierno balear como pagadores de ese dinero. Saltan a la palestra los nombres de Francisco Camps, presidente de la Generalitat, y de Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, pero finalmente ambos quedan fuera de la investigación judicial.

Urdangarin, Torres y los demás imputados declaran el 11 de febrero de 2012. Para la historia queda el momento en que el duque de Palma tiene que hacer el paseíllo de la vergüenza, el descenso de la pendiente que lleva a los juzgados, entre decenas de periodistas ávidos por captar la instantánea del consorte humillado. Más de 150 periodistas, incluidas televisiones como Al Jazeera, se acreditan para cubrir las declaraciones. Una vez delante del juez, Urdangarin apela a su “inocencia” y a la “total transparencia” de su actuación y exculpa a la infanta Cristina, pero tiene que admitir que dispone de una cuenta bancaria abierta en Suiza. Además, echa toda la culpa a su socio, al que responsabiliza de las decisiones importantes que se tomaban en el Instituto Nóos, por lo que el pacto de caballeros acordado entre ambos queda roto para siempre y a partir de ese momento cada uno intentará salvarse por su cuenta. La declaración sirve para que la mujer de Diego Torres quede también imputada en la causa.

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El juez Castro, instructor del caso.

El juez impone una fianza de más de ocho millones de euros a Urdangarin y la familia se ve obligada a poner en venta parte de su patrimonio. Por ejemplo, el lujoso chalé de Pedralbes en Barcelona, símbolo de los duques de Palma, que es embargado judicialmente para hacer frente a las deudas. Finalmente, Iñaki y Cristina consiguen vender la mansión.

Durante los meses siguientes la prensa airea el contenido de las declaraciones, incluidos los famosos correos electrónicos privados entre el duque y su socio, en los que Urdangarin se hace llamar a sí mismo, jocosamente, “El Duque Empalmado”. También aparecen fotografías procaces que ambos amigos se enviaban como diversión. Esta revelación causa estupor en la sociedad española, que ve el auténtico rostro de un hombre ambicioso que, sin ningún pudor, se ha estado riendo de la Monarquía que representa y sirviéndose de su cargo para supuestamente hacer negocios.

Los correos electrónicos de Diego Torres marcan un antes y un después en la causa. Sin duda, el entorno del empresario está filtrando a la prensa los mensajes y la correspondencia que durante años ha mantenido con el duque de Palma, así como otros datos del sumario con el fin de implicar a la Casa Real en los turbios negocios de Nóos. Además, cuando Castro le pregunta a Torres si la infanta Cristina participaba activamente en la gestión de la empresa él responde que sí, aunque “directamente no cobraba del Instituto Nóos”. Es el momento en que la Fiscalía, representada por el fiscal Pedro Horrach, inicia su estrategia para tratar de exculpar a la infanta y exonerar a la Familia Real en cualquier tipo de responsabilidad derivada de los negocios de Urdangarin. Es el primer episodio de una guerra de descalificaciones entre el juez Castro, partidario de imputar a la hija del Rey, y el fiscal Horrach, proclive a que la infanta quede al margen de la investigación al considerar que la heredera al trono es víctima de una gran conspiración contra la Monarquía.

Pero lo peor estaba aún por llegar. Las filtraciones a la prensa demuestran el alto nivel de vida de la pareja. Entre la documentación que obra en poder del juez figuran pagos con Visa Oro de Aizoon entre 2004 y 2011, viajes de placer a los lugares más exclusivos del mundo (los duques llegaron a pagar 1.545 dólares por tres noches en una habitación para dos personas en The Latham Hotel de Washington) safaris africanos, decoración japonesa para el chalé de Pedralbes, lujosas vajillas, entrenador de coaching particular, cenas en restaurantes asiáticos, comidas en el Club de Tenis de Barcelona, vinos caros, clases de merengue y salsa y cumpleaños por todo lo alto con cargo a Aizoon, en el que no faltaba el montaje de grandes carpas. Los duques no dudaban en incluir los gastos particulares de la familia como gastos deducibles de la empresa, ya fuera en forma de películas de Harry Potter o de entradas para la final de la Champions en Roma, que el Fútbol Club Barcelona, club en el que militó Urdangarin en la sección de balonmano, ganó al Manchester United. Además, el juez ha detectado otros traspasos sospechosos, entre ellos uno de 150.000 euros de Aizoon a una cuenta de los duques de Palma que tiene a la infanta Cristina como persona autorizada. Gastos todos ellos elevados teniendo en cuenta que la sociedad Aizoon ni siquiera tenía trabajadores en nómina en su pretendida labor de consultoría. Con el paso de las semanas se va viendo que la actividad empresarial de los duques de Palma no es más que una excusa para seguir llevando un elevado tren de vida. El cerco se estrecha en torno a la pareja.

En abril de 2013 se produce la peor noticia para la Casa Real. La Infanta Cristina es imputada por el juez Castro por presunta apropiación indebida de fondos públicos. La Audiencia Provincial de Palma levanta la imputación poco después, pero Castro vuelve a imputarla el 7 de enero de 2014 por blanqueo y delito fiscal. El secretario de las infantas de la Casa Real, Carlos García Revenga, también se ve salpicado por el escándalo, y algunos medios apuntan a la implicación del propio Rey Juan Carlos. La Fiscalía Anticorrupción asegura que recurrirá dicha imputación al no existir pruebas sólidas contra ningún miembro de la Familia Real. La noticia de que la infanta tendrá que declarar en el juzgado alcanza una repercusión mundial y el New York Times titula: «Un juez imputa a la Princesa de España por fraude fiscal».

El 2 de junio abdica el Rey, poniendo fin a un largo reinado de casi cuarenta años que ha puesto a España a la vanguardia de los países occidentales. Los analistas políticos vinculan directamente la abdicación de Juan Carlos I con el escándalo del caso Nóos, con su delicado estado de salud y con su pérdida de prestigio entre los españoles debido a su affaire con la princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein y sus viajes a África para cazar elefantes. Su hijo Felipe VI es coronado pocas semanas después y desde el primer momento marca las distancias con su hermana, la infanta Cristina. El éxito de la sucesión depende de que Zarzuela sepa trazar un cordón sanitario para no verse afectado por la corrupción, principal problema para los españoles junto a la crisis económica galopante. La declaración de Cristina ante el juez Castro, que es grabada clandestinamente por dos abogados de la sala, deja en evidencia a la duquesa de Palma, que asegura no saber nada de los negocios de Nóos e insiste en que todo lo que firmaba lo hacía por la confianza que tenía depositada en su marido. La infanta asegura que “nunca” hubiera permitido que la usaran como “escudo fiscal” y responde con un “no sé” o “no lo recuerdo” a las preguntas del juez y del fiscal en al menos 550 ocasiones.

Nada puede detener lo inevitable. La Audiencia Provincial de Palma dicta el auto de apertura de juicio oral contra todos los imputados, entre ellos Cristina de Borbón, por lo que por primera vez en la Historia la hija de un rey de España se sentará en el banquillo de los acusados. Para entonces, los duques pasan más tiempo en Suiza que en España. La presión mediática es insoportable para ellos y deciden refugiarse con sus cuatro hijos (Pablo Nicolás, Irene, Miguel y Juan Valentin) en el país helvético. Según el auto judicial, Urdangarin se enfrenta a una pena de 19 años de prisión. La Agencia Tributaria asegura en su informe que el duque de Palma actuó “con engaño” e “ideó” cómo defraudar al fisco. Además, utilizó Aizoon, una de las empresas del entramado Nóos, como “puro artificio” para cobrar retribuciones personales de ocho empresas y eludir la tributación por el IRPF. Por su parte, Diego Torres se enfrenta a 16 años de cárcel. A su vez, el presidente balear Jaume Matas está acusado de prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias. Finalmente, la infanta está acusada de cooperadora en dos delitos fiscales y puede ser condenada a cuatro años de prisión. A ellos se unen otros 14 acusados para un juicio histórico. En los últimos meses, el rey Felipe VI ha revocado el título de ducado de Palma a su hermana y se ha distanciado claramente de ella para no verse salpicado. Una decisión dura, pero la única forma de salvar a la Corona. En una reunión de amigos, Cristina dice sentirse abandonada por su familia y psicológicamente hundida. No obstante, insiste en no renunciar a sus derechos dinásticos al trono de España ni a los de sus herederos.

Y por fin llegamos al lunes 11 de enero de 2016, el día más negro e infamante para la Monarquía española. En las horas previas, Diego Torres concede una entrevista al programa El Objetivo de Ana Pastor e insiste en que la Casa Real “revisaba” todo lo que se hacía en Nóos. Además, su abogado propone que declaren cerca de 700 testigos, entre ellos el rey Felipe VI, los reyes don Juan Carlos y doña Sofía, así como la infanta Elena y su exmarido, Jaime de Marichalar. Por si fuera poco, sostiene que “jamás se hizo nada sin antes haber informado” a la Casa Real. A su vez, el expresidente de Baleares, Jaume Matas, admite el “daño causado” al Estado y ofrece su palacete mallorquín como reparación a las arcas públicas.

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La infanta, Urdangarin y sus hijos. Foto: Efe

Los duques de Palma llegan a primera hora de la mañana a la sala de vistas. Ambos entran serios, preocupados, agotados tras cinco años de escándalos y batallas judiciales. Atrás quedan las regatas en yate, los paseos olímpicos por todo el mundo, las recepciones oficiales con embajadores de todas partes, el esmoquin y el traje de gala, los besamanos entre tapices góticos y alfombras rojas, los paparazzi mendigando la foto de familia en los jardines felices de Marivent. La imagen de la infanta Cristina sentada en el banquillo de los acusados, con la mirada perdida y unas ojeras profundas, lejos de su marido, situado al otro extremo del banquillo, es un auténtico tsunami para la Monarquía como institución, un terremoto cuyas consecuencias aún no han sido calibradas en toda su dimensión. Solo una cosa puede salvar ya a la infanta de la cárcel: que la Fiscalía consiga convencer a los magistrados de la Audiencia para que apliquen a la hija del Rey la doctrina Botín, una jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece que sólo podrá ser juzgada si hay acusación de la parte perjudicada, en este caso la Agencia Tributaria, representada por la Abogacía del Estado, quien dicho sea de paso no está por la labor de acusarla de nada. El tribunal tendrá que decidir antes del 9 de febrero, fecha prevista para la reanudación del juicio, si Cristina de Borbón sigue siendo procesada o es absuelta. De ello depende su futuro. Y quizá, quién sabe, el de la Monarquía española.

Artículo también publicado en la revista Newsweek en Español.

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1 Kommentare

  1. INMA dicen

    LA JUSTICIA ES IGUAL PARA TODOS. ASI Q ELLA ES ESPAÑOLA Q LA LEU HAGA JUSTICIA

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