Artsenal, Humor Gráfico, Joaquim Bosch, Número 41, Opinión
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El problema de Cataluña

Por Joaquim Bosch* / Ilustración: Artsenal

JOAQUIM BOSCH 2

Joaquim Bosch

Tras la declaración de independencia del Parlament de Cataluña, si se produjera un incumplimiento de la ley por parte de los cargos políticos catalanes, el Tribunal Constitucional podría imponerles multas coercitivas y suspenderles de sus funciones, asegurándose de que los trámites y las leyes aprobadas no siguieran adelante. Además, los diputados podrían concurrir en delitos de desobediencia o de prevaricación, que están penados en algunos casos con prisión, multa o inhabilitación. Los funcionarios que incurrieran en desobediencia civil podrían sufrir exactamente las mismas penas, pero yo entiendo que en este caso, como hay una situación de tipo jerárquico y están cumpliendo las instrucciones que les encargan sus superiores, entiendo que debería haber un requerimiento expreso de acatamiento de la ley a esos funcionarios por parte del Tribunal Constitucional para que estemos hablando de desobediencia y en su caso un delito de prevaricación. Algunos partidos como UPyD aseguran que con la declaración de independencia se ha incurrido en un delito de sedición, de traición al Estado). No veo que pueda concurrir aquí tales delitos, porque este tipo penal exige que haya un levantamiento de tipo tumultuoso y con un cierto uso de la fuerza y no estamos en el supuesto, sin perjuicio de que si se produjera en el futuro, si hubiera violencia, sí estaríamos ante un delito penal de sedición o de rebelión. Pero en este caso nos encontramos ante una declaración emanada del Parlamento que, y quiero remarcar esto, es de intenciones, de mero carácter político, y que no tiene consecuencias jurídicas, salvo las que puedan derivarse posteriormente, en el caso de que la declaración se desarrolle en leyes o actos completos concretos.

En líneas generales, estamos enfocando el problema hacia las consecuencias penales, pero llegar a este extremo, llegar a que puedan terminar en prisión cargos públicos, a que pueda haber todo tipo de sanciones y suspensiones, sería un gran fracaso de la política y de los políticos. Pienso que lo que habría que hacer sería resolver estas cuestiones, que es la gran responsabilidad de los cargos públicos, a través de espacios de negociación entre todas las partes implicadas, para no tener que llegar a consecuencia indeadas, como por ejemplo una suspensión de la autonomía para Cataluña, como se plantea desde los discursos más radicales. Sería un grave perjuicio para los ciudadanos catalanes y no habría que llegar hasta ese punto. Deberíamos fijarnos en las experiencias de derecho comparado, cómo han sido resueltos estos problemas en otros países, y no ha sido por vías expeditivas, de sanciones y de castigos. En México, por ejemplo, se llegó a acuerdos de distribución de competencias a través de mecanismos de tipo federal o confederal; en Reino Unido, con respecto a Escocia, o en Canadá en relación con Quebec, se llegó a acuerdos para que se pudiera acordar una consulta con una mayoría cualificada amplia que regulara una posible separación. Pero claro, aquí no tenemos ningún tipo de vía constitucional y no digo que tengamos que copiar lo que han hecho otros países, pero sí un estilo constructivo de negociar y búsqueda de soluciones.

La democracia en un estado de derecho tiene límites importantes, entre ellos que no se puede vulnerar un acuerdo democrático, lo que marca un ordenamiento jurídico. Vamos a suponer que una comunidad autónoma o el Estado acuerdan imponer la pena de muerte o la esclavitud o la discriminación racial, aunque esto lo defienda el 70% de la población o de las fuerzas políticas. Esto no se podría decidir sin reformar la propia Constitución. Por tanto, el principio democrático es válido siempre y cuando que respeten las reglas del juego. Lo que no resulta admisible es que unos cargos públicos hayan llegado a unas instituciones con unas reglas del juego y que sobre la marcha, de una manera sobrevenida, pretendan modificarlas en beneficio de sus intereses políticos. Como indicaba antes, cualquier aspiración, centralista, autonomista, federalista o independentista, cabe en el ordenamiento jurídico, siempre y cuando se defienda de manera pacífica y lo razonable es defenderlo de acuerdo con las normas constitucionales. Esto implica que si el marco actual no permite algunas aspiraciones, lo que hay que hacer es buscar fórmulas, y en todo caso habría que hacer una llamada a la responsabilidad de nuestras fuerzas políticas y de nuestras instituciones para buscar salidas negociadas a este conflicto, y a la responsabilidad especialmente del Gobierno central, porque es quien realmente tiene la llave para buscar soluciones que resuelvan todo lo que está pasando. En última instancia, me parece importante recordar que hay causas de fondo que explican esta situación, porque cerca de la mitad de los catalanes están a favor de la independencia; por tanto, hay un problema de fondo que es el que hay que resolver y que desde luego no creo que se pueda resolver con sentencias de los tribunales.

*Joaquim Bosch es portavoz de Jueces para la Democracia

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