Artsenal, Editoriales, Humor Gráfico, Número 40
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Editorial: Una Justicia de guiñol

Ilustración: Artsenal. Viernes, 30 de octubre de 2015

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  Editorial

Miguel Blesa, Jaume Matas, Rodrigo Rato, Jordi Pujol, Isabel Pantoja, Carlos Fabra, Iñaki Urgandarin, la infanta Cristina… La lista es tan larga como vergonzosa. Nombres insignes de políticos y personajes públicos que han sido cazados en diferentes casos de corrupción y que, o bien siguen en la calle tras largos años de investigación judicial, o han cumplido penas meramente testimoniales, pese a los graves delitos de los que han sido acusados, y ya gozan de los primeros permisos penitenciarios. El ciudadano asiste atónito al espectáculo no solo de la puerta giratoria por la que algunos cargos públicos abandonan la política y se enchufan en empresas del Íbex 35, sino de otra puerta giratoria aún más infame y bochornosa: la de los políticos enfangados que entran por un juzgado y salen por el otro, ya sea tras el pago de una fianza, mediante indultos, permisos o privilegios derivados de su aforamiento. Cada día que pasa queda más patente que la Justicia española, escasa de medios, lenta y a veces ineficaz en la investigación de casos de alta corrupción, necesita una reforma de gran calado que a ningún partido político le ha interesado acometer hasta el momento. Cada vez resulta más evidente que en nuestro país existe una Justicia para el ladrón de bicicletas, para el robagallinas o para quien se ve en la necesidad de hurtar para poder comer (por lo general una justicia bastante dura e inflexible) y otra para el poderoso que se vale de sus argucias legales, contactos e influencias al más alto nivel para esquivar o escaquearse de sus cuitas con los jueces. Esta Justicia suele ser bastante más benigna, liviana y relajada. ¿Qué otra cosa podemos pensar después de ver cómo han languidecido en los juzgados asuntos tan escandalosos como los que inundan las portadas de nuestros periódicos casi a diario? Ahí tenemos casos como el del 3 por ciento en Cataluña, que afecta a Jordi Pujol y a todo su clan familiar. Al honorable president se le imputa haber ingresado en paraísos fiscales la friolera de 40 millones de euros, una fortuna que supuestamente amasó durante más de dos décadas y que habría generado una deuda inmensa con el fisco. Tres años después de abrirse la investigación, ¿han pisado sus sagradas suelas alguna prisión del país? Negativo. Ni siquiera para visitar a esos amigos que sí están pagando ya por el caso de las comisiones. Cualquier ciudadano con menos nombre que don Jordi estaría pudriendo sus huesos en la cárcel desde hace años, sin embargo, el clan Pujol sigue paseándose tan ufano y campante por las Ramblas de Barcelona. Y a veces hasta son jaleados desde los balcones de la alta burguesía catalana.

Cuando se trata de enviar a prisión a un hombre poderoso el rigor de los tribunales mengua y el pulso de los jueces tiembla

Pero sigamos con otros asuntos similares más o menos sangrantes. El caso Malaya, por poner otro ejemplo. El pasado mes de agosto, el juzgado de vigilancia penitenciaria aprobaba un tercer permiso de siete días por enfermedad a la famosa cantante Isabel Pantoja. De esta manera, la tonadillera ya puede disfrutar de paseos por la calle pese a haber sido condenada a dos años de prisión por el blanqueo de dinero derivado de las comisiones obtenidas por su expareja, el exalcalde de Marbella Julián Muñoz, quien por cierto, también goza ya de permisos penitenciarios debido a su supuesto grave estado de salud. Debe ser que a los presos VIP les sienta peor el clima húmedo de la celda que a los presos comunes y quizá sea por eso que Carlos Fabra, el ex presidente de la Diputación de Castelló, ha solicitado el indulto al Gobierno nada más ser condenado, en noviembre de 2013, a cuatro años de cárcel por defraudar 700.000 euros a Hacienda. La medida de gracia nunca llegó del Ministerio de Justicia, como era de esperar (hubiera sido demasiado descarado) y el cacique castellonense tuvo que entrar en prisión, a regañadientes, un año después. Sin embargo, desde hace unos días, don Carlos ya empieza a disfrutar de los primeros permisos y entra y sale como Pedro por su casa de la prisión de Aranjuez. Ni siquiera un año, ese es el tiempo exiguo que Fabra ha pasado íntegramente entre rejas. Poca pena se antoja, sin duda, para tantos millones de euros públicos defraudados y tanto daño al erario público como ha perpetrado el expresidente de la diputación castellonense. Pero la lista de supuestos privilegiados por una Justicia lenta y timorata con los ricos y poderosos y rápida y contundente con el resto de ciudadanos no queda ahí. ¿Dónde está Miguel Blesa, el compañero de pupitre de Aznar que fue presidente del consejo de administración de Caja Madrid y al que la Justicia acusa de saquear la entidad financiera a manos llenas? Viviendo a cuerpo de rey en una mansión de 800 metros cuadrados en El Plantío, uno de los barrios residenciales más exclusivos de Madrid. ¿Y dónde está Rodrigo Rato, el idolatrado ex vicepresidente del Gobierno a quien la Justicia le atribuye haber participado en el caso de las tarjetas black, un desfalco que costó 15,5 millones de euros a los bolsillos de los clientes de la entidad? Bañándose en la piscina del Club Náutico de Gijón, de chapuzón en chapuzón, de yate en chate, tostando sus carnes morenas.

Robar en este país sale barato cuando quien lo hace es un cargo público o un político con poder, influencias y buenos abogados

Estos son solo algunos ejemplos que demuestran que la Justicia española, por momentos, se convierte en un auténtico cachondeo, que el rigor de los tribunales mengua y que la mano de los jueces tiembla cuando se trata de enviar a prisión provisional, a la espera de juicio, a los prebostes de la patria implicados en sobornos, evasiones, prevaricaciones, estafas, comisiones y latrocinios varios. Pero sigamos, sigamos, no se vayan todavía, que aún hay más, como diría aquel simpático personaje de los dibujos animados de nuestra infancia. ¿Cuál es la pena que la Audiencia Nacional acaba de imponer a los directivos de NovaCaixa Galicia por dejar la entidad hecha un solar tras descubrirse la vergüenza de las prejubilaciones millonarias? Dos años de prisión, una inhabilitación profesional y una multa de 75.000 euros. Ninguno irá a la cárcel. Otro castigo irrisorio. Otra muestra más de lo barato que sale robar en este país cuando quien la hace es un ladrón de guante blanco, como dice Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, en la entrevista exclusiva de esta semana en Revista Gurb. ¿Y por qué los duques de Palma no han pasado siquiera una temporada a la sombra pese a los graves delitos fiscales que les imputa el juez Castro, como hubiera sucedido con cualquier españolito de a pie cazado en una estafa de las dimensiones bíblicas del caso Noos? Sin duda por ser hijos (y yernos) de quien son. ¿Y cuál es la razón de que Jaume Matas haya salido de prisión tras cumplir solo una pena de nueve meses por el caso Palma Arena cuando en un principio su petición de cárcel era superior a seis años de reclusión mayor? Solo Dios y los jueces que conocieron del caso lo saben.

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En nuestro país, meter la mano en el cazo es un aliciente, apenas conlleva una condena testimonial y una inhabilitación que, aunque en el peor de los casos mancha el apellido, no infunde gran respeto ni temor al delincuente de altos vuelos. La Justicia debería caer con toda la fuerza de la ley contra estos individuos que con sus trapacerías causan grave daño a las instituciones y generan desafección por la democracia en la ciudadanía. Los jueces y fiscales deberían aplicar el Código Penal a los imputados por corrupción con el máximo rigor y garantías, embargándoles los bienes y las propiedades mobiliarias e inmobiliarias hasta cubrir el daño patrimonial que han ocasionado a las arcas públicas; imponiéndoles severas fianzas que no pudieran costear y así tuvieran que pasar por el trago mortificante de la prisión preventiva; condenándoles no solo a fuertes penas de cárcel, sino a severas multas y a la devolución de todo lo robado y estafado, hasta el último céntimo, con elevados intereses por daños y perjuicios si fuera necesario. Nada de esto se hace en la práctica. Nuestra justicia es como ese policía de madera del antiguo guiñol que cosía a bastonazos al ladronzuelo de turno, en este caso al político corrupto de turno, pero que a la hora de la verdad no era más que un espectáculo cómico para risa de los niños. El bastonazo, hoy, se limitaría el escarnio público al que los medios de comunicación someten al imputado, el cogotazo que el agente de paisano le propina en la nuca al detenido en el momento de meterlo por la fuerza en el coche patrulla. Un número muy bien guionizado y teatralizado para que el pueblo se quede tranquilo y sienta que la justicia es igual para todos. Una puesta en escena muy espectacular pero que llegada la hora de la verdad, llegado el momento de aplicar castigos verdaderamente ejemplarizantes contra el político que está en la pomada, todo se convierte en una mala pantomima. Es entonces cuando entran en escena las dilaciones indebidas de los abogados maniobreros que retrasan los casos de corrupción hasta el infinito, los enjuagues entre las defensas y los fiscales, las anulaciones de juicios por defectos formales, las presiones desde las altas esferas, las influencias y amiguismos, las ideologías latentes de jueces parciales, las rebajas infames en las penas, las sentencias blandas, impresentables, infames. Y así es como todos esos imputados se acaban yendo de rositas, tal como se está viendo últimamente. Bueno, no todos. Porque Bárcenas, a ese sí que interesa entrullarlo, se ha comido todo el marrón.

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