Adrián Palmas, Editoriales, Humor Gráfico, Número 28
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Editorial: Silenciar la palabra

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Viñeta: Adrián Palmas. Viernes, 10 de abril de 2015

El Gobierno español ha dado un paso más en el recorte de los derechos y libertades civiles con la reciente aprobación de la polémica Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza. Uno de los puntos más conflictivos de la nueva normativa es la limitación del derecho de manifestación y reunión, que prevé sanciones de hasta 600.000 euros para infracciones muy graves, como por ejemplo participar en “reuniones o manifestaciones no comunicadas en instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones”. Con la nueva ley en la mano, una concentración de protesta frente a un hospital o en un campus universitario estará prohibida a partir de ahora si no se comunica previamente. Además, se sancionará con 600.000 euros “la perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso, el Senado y las asambleas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas, cuando no constituya infracción penal”. El derecho de manifestación está expresamente reconocido en la Constitución española del 78 (una de las más avanzadas de Europa en este sentido) y sobre su contenido y limitaciones existe amplia jurisprudencia en el Tribunal Supremo, así como una doctrina legal abundante. Nuestra carta magna, en su artículo 21, establece claramente que “se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa”. Es decir, los dos requisitos únicos y exclusivos para que los ciudadanos puedan desarrollar con plena capacidad su derecho a reunirse en la calle es que la manifestación sea pacífica y sin armas.

La Ley Mordaza era innecesaria: la Constitución y el Código Penal ya protegen a cualquier ciudadano que se sienta amenazado

Pues bien, nuestro Gobierno, en un nuevo alarde de ideología antidemocrática y ultraconservadora más propia de otros tiempos, ha preferido legislar en una cuestión que hasta la fecha estaba suficientemente cubierta con el actual marco constitucional, el Código Penal en vigor y sus reglamentos administrativos. España cuenta con leyes más que suficientes para que aquellas personas que no sepan comportarse y expresarse públicamente en paz y libertad, garantizando el derecho de los demás a su seguridad e integridad personal, puedan ser castigadas con justicia y rigor, como no podía ser de otra manera. No existe ningún vacío legal en esta cuestión. La ley mordaza, por tanto, era innecesaria, no existía un clamor popular que la estuviera reclamando con insistencia, y más bien parece obedecer al miedo infundado que las últimas movilizaciones contra los recortes han generado en algunos políticos más preocupados por perder sus privilegios que por resolver los problemas reales del país. Las mareas ciudadanas contra los recortes en Educación y Sanidad, las manifestaciones de sectores y colectivos asfixiados por la crisis, las protestas de dependientes, parados, pensionistas desahuciados y enfermos de hepatitis, por poner solo algunos ejemplos, además de las iniciativas impulsadas por el movimiento 15M han creado una auténtica conciencia social y ahora el ciudadano cree que se pueden cambiar las cosas peleándolas en la calle, ya que en el Parlamento muchas veces el ciudadano carece de voz y voto. La inmensa mayoría de estas manifestaciones y concentraciones que se convocaron en España en el último año terminaron pacíficamente, lo cual da muestra de la madurez que la sociedad española ha alcanzado con la llegada de la democracia. Que no se produzcan incidentes de gravedad resulta poco menos que milagroso en un país con más de cinco millones de parados descontentos con su Gobierno, donde la desigualdad y la pobreza crece exponencialmente y donde la corrupción de buena parte de la clase política harían pensar en un caldo de cultivo perfecto para una explosión social a gran escala. Nada de esto ha ocurrido, y sin embargo, al ejecutivo de Mariano Rajoy le ha dado por meter de nuevo la tijera, esta vez en un derecho sagrado de toda sociedad democrática como es el derecho de reunión y manifestación.

La ONU ha dado un tirón de orejas al Gobierno de Rajoy por una ley que atenta contra los derechos de las personas y daña la imagen de España

La ley mordaza ha contado con el rechazo unánime de los partidos de la oposición, además de los sindicatos, organizaciones civiles y oenegés. Hasta la ONU ha dado un tirón de orejas al Gobierno español y la ha instado a retirar leyes como ésta, que “amenazan con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos y socavan los derechos de manifestación y expresión”. El toque de atención de Naciones Unidas al gabinete Rajoy ha supuesto una nueva y sonrojante vergüenza nacional que deja la imagen de España a la altura de estados como Corea del Norte, Irán o China, donde el respeto a los derechos humanos queda a años luz de nuestro país. A los drásticos recortes económicos que ha emprendido el Gobierno en los últimos años de crisis se unen ahora los recortes de los derechos civiles de los ciudadanos. Por esta senda, el Gobierno del Partido Popular nos aboca peligrosamente a los tiempos felizmente superados del tardofranquismo, cuando reunirse en la calle y ejercer el derecho a la protesta pacífica era poco menos que un acto de heroísmo que casi siempre culminaba con un cachiporrazo de los temidos grises. Urge que la sociedad civil española tome conciencia del peligroso camino que ha emprendido nuestro Gobierno. El miedo de unos pocos políticos atemorizados y muchas veces corruptos a que les organicen un escrache a las puertas de su casa o a que les griten consignas críticas con su gestión no puede servir para recortar un derecho fundamental que los españoles habíamos logrado conquistar tras cuarenta años de dictadura. Dicen algunos ministros que la violencia en las manifestaciones no se puede tolerar. ¿Y la violencia institucional contra el pueblo que ve mermado su derecho al trabajo, a un salario suficiente, a una vivienda digna y a un futuro sí puede ser tolerado? Que no nos arrebaten el derecho pacífico a reunirnos y a manifestar nuestro descontento contra un Gobierno que nos ha estado estafando y robando durante años. Revista Gurb dice no. No a la ley mordaza.

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Adrián Palmas

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