Editoriales, Humor Gráfico, Luis Sánchez, Número 19
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Justicia lenta no es Justicia

Gurb

Editorial

21 de noviembre de 2014. Hace apenas una semana, el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, interpuso una demanda contra el Ministerio de Justicia ante la situación de “colapso” que se vive en los juzgados y tribunales españoles. El escrito denuncia la “grave sobrecarga de trabajo que afecta a la oficina judicial”, así como la falta de medios humanos y materiales para instruir los casos. El conflicto en la vía laboral que ha estallado entre los funcionarios y el Ministerio de Justicia está servido y no tiene precedentes, pero esta situación se veía venir desde hace ya varios años. Los jueces y fiscales vienen denunciando una y otra vez, sin que nadie les escuche, que no cuentan con suficientes medios para desempeñar su labor. Montañas de expedientes que se acumulan y en ocasiones llenan salas enteras, falta de juzgados y de jueces, así como de secretarios y fiscales, fallos en la coordinación entre órganos judiciales, lentitud exasperante a la hora de instruir los procedimientos y en general una estructura judicial anticuada y colapsada por la saturación de sumarios (según el informe de Jueces para la Democracia los tribunales españoles arrastran una sobrecarga del 150% sobre la media anual que se considera normal) son la tónica habitual en el día a día de la judicatura. Ante esta situación no es de extrañar que asuntos como el Caso Fabra, que estalló en el año 2003, hayan necesitado de casi diez años para resolverse. Entre los profesionales de los juzgados hay un dicho, “la Justicia lenta no es Justicia”, y España sufre este mal que acaba frustrando las aspiraciones del ciudadano de que los jueces resuelvan sus pleitos en un tiempo relativamente razonable. La Justicia española hace tiempo que adolece de algunos problemas endémicos y ni el Gobierno del PP, ni el PSOE cuando ha ostentado la responsabilidad de gobernar, han demostrado interés alguno en resolver las quejas de los funcionarios que, hartos ya no ser escuchados y de sufrir las consecuencias de esta desidia, han decidido interponer una demanda por lo laboral. La Justicia es uno de los pilares básicos del Estado de Derecho, pero en España parece que nadie se toma en serio el problema, y la falta de inversión amenaza con colapsar definitivamente nuestros juzgados y tribunales. En un país como el nuestro que en poco más de treinta años ha pasado prácticamente del subdesarrollo a ser una sociedad moderna y avanzada, no nos podemos permitir tener una administración de Justicia obsoleta más propia del siglo XIX que de nuestro tiempo. La delincuencia organizada está cada vez más especializada, la corrupción corroe todo el sistema político desde los ayuntamientos hasta el último ministerio y requiere una respuesta ágil y eficaz de las fuerzas de seguridad del Estado, de la Fiscalía y de los jueces. Sin embargo, los profesionales de la Justicia siguen trabajando con medios arcaicos, desbordados por la falta de personal, lo cual favorece sin duda al delincuente. A esto se une que las leyes que regulan los procesos en España siguen siendo las mismas de hace cincuenta o sesenta años, y en no pocas ocasiones la sociedad, que avanza a velocidad de vértigo, va por delante de los juzgados. ¿Alguien ha leído alguna vez una sentencia de principio a fin? El lenguaje suele ser farragoso, a veces ininteligible para el ciudadano, más propio del Siglo de Oro que del siglo XXI y esto hace que el ciudadano vea la Justicia como algo lejano e incomprensible. Contamos con jueces y fiscales brillantes y bien preparados que se desviven por sacar adelante los cientos de casos que caen en sus manos cada año, pero este elemento humano no va acompañado de la necesaria inversión económica que el Gobierno debería realizar para que pudieran llevar a cabo su trabajo con total eficacia. Los presupuestos del próximo año apenas contemplan un incremento de un 1 por ciento en la partida para gasto judicial, una cifra irrisoria si se tiene en cuenta que el volumen de trabajo crece cada año. Hacen falta más jueces y fiscales, hacen falta funcionarios preparados y sobre todo hace falta dinero para que puedan trabajar. Pero ninguna inversión material servirá para mucho si los jueces no se implican en ofrecer una Justicia imparcial, independiente, al ciudadano. El Tribunal Constitucional debe ser objeto de una profunda reforma que evite su politización por parte de los dos partidos mayoritarios y el Ministerio Fiscal no puede ser, bajo ningún concepto, un organismo teledirigido por el Gobierno. Las leyes deben ser iguales para todos, y en no pocas ocasiones el ciudadano contempla atónito cómo hay una Justicia para el poderoso y otra para el robagallinas, tal como ha reconocido últimamente algún jurista de reconocido prestigio. A menudo vemos cómo a un ladrón callejero le meten dos años de prisión por un simple hurto mientras el estafador de guante blanco que vacía las arcas de un banco sigue viviendo en su casa a cuerpo de rey. Jaume Matas entra y sale de la cárcel como Pedro por su casa, Carlos Fabra aguarda tranquilamente el indulto tras diez años de juicio y una condena en firme y hasta la Pantoja parece que va a entrar en prisión marcando los tiempos tras dilatar el proceso lo indecible. Espectáculos como el caso Blesa (donde el juez Elpidio Silva, que intentaba procesar al banquero corrupto terminó siendo apartado de la carrera judicial) y el caso Garzón (donde al célebre magistrado de la Audiencia Nacional le sucedió tres cuartos de lo mismo por atreverse a destapar la trama Gurtel y la financiación ilegal del Partido Popular) resultan bochornosos y de muy difícil digestión para un Estado democrático. Todos estos son males endémicos que deben ser resueltos con urgencia porque está en juego nada más y nada menos que la credibilidad del ciudadano en el sistema y en las instituciones principales.

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Luis Sánchez

Viñetas: Luis Sánchez

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