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El paraíso del guante blanco

Imagen de una promoción inmobiliaria en la localidad murciana de Lobosillo. Foto: Pedro Martínez.

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♦ El 63 por ciento de los españoles cree que la corrupción política les afecta en sus vidas cotidianas. En España hay abiertas 1.700 causas contra cargos públicos, más de 500 políticos imputados y solo 20 cumpliendo condena

 

Por Redacción de Gurb / Fotografías: Marcial Guillén y Pedro Martínez

Viernes, 9 de mayo de 2014

 

El soborno, los pagos en negro, los casos de enchufismo, las corruptelas en general, forman parte de la rutina de los españoles y hasta les perjudican en su vida diaria. Así lo cree el 63 por ciento de los ciudadanos, que aseguran que la degradación política, social y moral les afecta personalmente, según el reciente Informe de lucha contra la corrupción elaborado por la Unión Europea. La corrupción es, junto con el paro, el principal problema de la ciudadanía, que ve cómo las causas contra políticos implicados en escándalos se abren con tanta facilidad como se cierran. Bárcenas, Blesa, Urdangarín, Matas, Díaz Ferrán son solo algunos ejemplos de investigaciones judiciales que se eternizan en los juzgados, que concluyen con penas testimoniales o se archivan directamente.

En España hay casi 1.700 causas abiertas contra cargos públicos y más de 500 imputados. Sólo una veintena cumple condena a fecha de hoy. El informe de la UE señala que los sonados casos de corrupción investigados en los últimos años han propiciado la “concienciación ciudadana” sobre los posibles riesgos de la corrupción. Las manifestaciones del 15M han supuesto un antes y un después en la conciencia social sobre un problema que amenaza con destruir el sistema democrático y fruto de estas movilizaciones masivas en la calle, en febrero de 2013, el Parlamento adoptó una resolución sobre una amplia gama de medidas de lucha contra la corrupción.

Lejos de atajarse, el problema parece que se extiende como un cáncer por las sociedades democráticas. Así, en 2009 la Fiscalía General del Estado aseguraba que se habían abierto investigaciones en relación con más de 800 personas en más de 700 casos de corrupción política. En 2012, las mismas fuentes confirmaban que cerca de 150 personas más eran objeto de investigaciones de una u otra índole. De acuerdo con los resultados preliminares de un estudio sobre la capacidad y los recursos de que dispone el sistema judicial, presentados por el presidente del Consejo General del Poder Judicial español, en abril de 2013 quedaban 1.661 asuntos pendientes de resolución por delitos financieros y de corrupción. El ciudadano exige una respuesta judicial rápida ante estos casos, pero en muchas ocasiones se encuentra con que el delincuente de guante blanco entra por una puerta y sale por la otra, “de rositas”, como se dice en el idioma español. ¿Por qué esta especie de desidia en la persecución de este tipo de delitos? Unas veces es la Justicia colapsada y falta de recursos la que se ve impotente para investigar las complejas tramas que se ciernen en torno a los casos de corrupción. El ejemplo paradigmático es el caso Fabra, que durmió el sueño de los justos durante más de diez años antes de que el presidente de la Diputación de Castelló fuera condenado a cuatro años de prisión por defraudar a Hacienda unos 700.000 euros. Sin embargo, a lo largo de esta investigación, el fiscal llegó a solicitar hasta 15 años de cárcel por los graves delitos supuestamente cometidos por el líder del PP provincial castellonense. Hasta nueve jueces y cuatro fiscales investigaron el asunto, que parecía quemar como una patata caliente en el pequeño juzgado de Nules. Debido a esta considerable carga de trabajo, como ha puesto de relieve el Consejo General del Poder Judicial, el ritmo de los procesos judiciales es “bastante lento”, según asevera el informe sobre corrupción de la UE.

Fotografía: Marcial Guillén (Proyecto abandonado para el campo de golf Trampolin Hills en Campos del Rio, Murcia)

Imagen de un plan urbanístico abandonado en Murcia. Foto: Marcial Guillén

Otras veces las causas por corrupción se quedan en nada en medio de las refriegas y presiones entre el poder político y el judicial y entre los propios miembros de la Justicia. Las rápidas y contundentes inhabilitaciones de los magistrados Baltasar Garzón y Elpidio Silva, cuando instruían causas tan graves como el caso Gürtel y el caso Blesa, respectivamente, han arrojado una sombra de sospecha más que razonable sobre la judicatura española. El espectáculo de Silva abroncado por un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid será recordado como una de las páginas más ignominiosas de la historia judicial española.

Según el Eurobarómetro especial de 2013 sobre la corrupción, el 63% de los encuestados (el porcentaje más elevado de la UE) se considera afectado personalmente por la corrupción en su vida cotidiana (la media de la UE es del 26%), en tanto que el 95% manifiesta que la corrupción es un problema muy extendido en el país. Además, el 91% cree que existe corrupción en las instituciones locales y regionales. Las encuestas realizadas con regularidad a nivel nacional por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) español registran también actualmente tendencias negativas. El 52% de los encuestados españoles que respondieron a una encuesta Flash Eurobarómetro sobre las empresas consideraba en 2013 que la única manera de triunfar en el mundo empresarial es disponer de contactos políticos (media de la UE: 47%). A su vez, el 97% de las empresas españolas declaró que la corrupción está muy extendida en España mientras que el 88% consideraba que la corrupción y el abuso de poder están extendidos entre los políticos, los representantes de los partidos o los altos cargos a nivel regional o local. El 93% de los participantes españoles en esa misma encuesta manifestó que el favoritismo y la corrupción obstaculizan la competencia empresarial en nuestro país. Todos estos datos resultan demoledores y muestran que la sociedad española tiene asumida la corrupción como una parte de su devenir diario.

Después de casi dos décadas de crecimiento económico consistente, España entró en recesión a finales de 2008. La crisis financiera vino precedida por el colapso del mercado inmobiliario, que había registrado previamente un período de auge. Las comunidades autónomas habían invertido grandes cantidades en infraestructuras y obras públicas. “En este contexto, en los últimos años han sido frecuentemente investigadas en España denuncias de corrupción en el sector del urbanismo que, en algunos casos, implicaban la financiación ilegal de partidos políticos y la malversación de grandes cantidades de dinero público”, asegura con rotundidad el informe de la UE.

Sin embargo, denunciar la corrupción en España, ponerla al descubierto, no resulta nada fácil, ya que nuestra legislación deja muchas veces desprotegidos a aquellos que deciden llevar a los tribunales a los corruptos. José Luis Peñas, el ex concejal del PP de Majadahonda que denunció la trama Gürtel, el mayor caso de corrupción de la democracia, asegura a un diario digital que ha recibido “muchas amenazas”. “No tengo que ocultarme de nada, son otros. A mi mujer la persiguieron, la siguieron una noche y la echaron de la carretera. A las cinco de la mañana me llamaron para decirme que la próxima vez mi mujer iba a caer de un sitio más alto aunque estuvieran los niños dentro del coche. Yo no quería protección. Hablé con los policías. No sé si lo investigaron. No puse una denuncia formal”, explica el testigo protegido.

Pero si hay un fondo de reptiles, un fondo de corrupción enquistado y endémico, ése está en los partidos democráticos. Más de las tres cuartas partes de sus gastos corrientes y de campaña electoral son sufragados por el Estado. La ley de 2007 sobre la financiación de los partidos políticos estableció el derecho de estos a recurrir a préstamos bancarios para su subsistencia. Aunque las restricciones aplicables a las donaciones no se hicieron extensivas a los préstamos, los partidos políticos debían especificar las condiciones de dichos préstamos en sus informes financieros. Se prohibieron las donaciones anónimas y se exigió a los partidos que presentaran una lista de donantes al Tribunal de Cuentas, la cual, sin embargo, no se publica.

Una familia a punto de ser desahuciada de su vivienda en Murcia. Marcial Guillén

Durante los años de prosperidad económica, los partidos políticos recurrieron ampliamente a préstamos bancarios para sufragar sus inversiones. El Tribunal de Cuentas señalaba en 2012 que la deuda total de los partidos políticos (de ámbito nacional y autonómico) con entidades financieras ascendía a 227 millones de euros en 2007. Durante el mismo período, la composición de los consejos de administración de las cajas de ahorros se vio cada vez más influida por los partidos políticos, que fueron colocando a sus peones en busca de intereses particulares muchas veces no confesados. Al mismo tiempo, los controles sobre los préstamos concedidos a los partidos eran incompletos, dada la limitada capacidad del Tribunal de Cuentas para efectuar tales comprobaciones en aquel momento, lo que generó “ciertas vulnerabilidades” en la integridad del sistema de financiación de los partidos políticos y las campañas electorales. Como consecuencia de ello, algunos préstamos se concedieron en condiciones muy favorables, llegándose, en ocasiones, a condonar la deuda en su totalidad. A mediados de 2011, el GRECO (Grupos de Respuesta Especial Contra el Crimen Organizado) expresó su preocupación por el endeudamiento de los partidos políticos y el correspondiente riesgo de dependencia de estos de las entidades de crédito, y pidió que se reforzara la regulación de dichos préstamos. A fin de solucionar este problema, el Tribunal de Cuentas recomendó a los partidos políticos que gestionaran mejor sus recursos para limitar así sus deudas y su dependencia financiera de los bancos comerciales, pero estas medidas cayeron en saco roto y los partidos siguieron siendo los grandes agujeros negros del sistema democrático. Las adjudicaciones urbanísticas ilegales y las concesiones a dedo a empresarios amigos del poder fueron los restantes ingredientes de un cóctel que tenía que estallar. Fue en esos años de pelotazos urbanísticos cuando se gestó otro de los grandes escándalos políticos de la historia reciente en España: el caso Bárcenas. Un tesorero del PP con cuentas en Suiza, supuestos sobres clandestinos a repartir entre los miembros del partido, viajes, regalos, comisiones, dinero sin declarar. Bárcenas publicó los papeles con las cuentas del partido en un medio de comunicación (tras verse acorralado por la Justicia) pero hoy sigue todavía en prisión y amenaza con seguir tirando de la manta, mientras que el Gobierno evita dar explicaciones en el Congreso pese al clamor de la oposición y de buena parte de la sociedad. Los papeles de Bárcenas han dejado para la posteridad, además de un buen reguero de políticos populares “señalados”, el famoso trabalenguas del “finiquito en diferido” ofrecido por la secretaria del partido, Dolores de Cospedal, que no supo o no quiso explicar de una manera algo más clara tanto dinero sin justificación. Eso y el célebre “todo es falso”, salvo alguna cosa, del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El informe de la UE sobre corrupción muestra su preocupación porque “están en curso investigaciones a gran escala en las que están implicados el extesorero de un partido político y casi noventa destacados políticos, empresarios y banqueros acusados de prácticas corruptas relacionadas con la contratación pública y la financiación ilegal de los partidos”. En las investigaciones también se están evaluando los contratos adjudicados a esas empresas de la trama Gürtel, grupos empresariales y sus filiales. Como consecuencia de este escándalo de proporciones más que sonadas a nivel nacional e internacional, se hicieron públicas las cuentas de los últimos cuatro años del PP, así como las declaraciones de la renta de los dirigentes de los partidos políticos más destacados. Era la primera vez que altos cargos de la administración cedían a las presiones de la calle y del movimiento ciudadano 15M y se mostraban dispuestos a publicar su patrimonio personal.

La corrupción ha dejado un rastro devastador que ha llegado a afectar incluso a la Monarquía, que ha visto llegar su hora más temida, la imputación de la Infanta Cristina y de su marido, Iñaki Urdangarín, por el caso del desvío de fondos del Instituto Nóos. Hasta el Rey Juan Carlos, hasta hace bien poco una figura intocable, ha sido objeto de duras críticas por parte de amplios sectores de la sociedad que reclaman una mayor transparencia en las cuentas de la Casa Real.

El informe de la UE deja constancia de que cerca de 700 municipios se vieron afectados por casos de esta naturaleza entre 2000 y 2010. En el origen están prácticas relacionadas con la venta ilícita de suelo público, cambios ilegales en la calificación del suelo, malversación en la construcción de obras públicas, y demás praxis ilegales. Numerosas investigaciones en curso atañen a infracciones similares. En los últimos tres años, 19 alcaldes de todo el espectro político han sido detenidos por cargos de corrupción. Algunos casos, en los que se dictaron severas penas de prisión para ex alcaldes y ex concejales, sacaron a la luz complejas redes de políticos y empresas locales que estaban involucrados en actividades urbanísticas ilegales, abuso de contratos públicos y blanqueo de capitales. Numerosos procesos penales pasados y en curso por denuncias de corrupción atañen a cargos electos locales y regionales, en muchos casos con la implicación de complejas redes de «clientelismo». Un estómago agradecido es un voto cautivo para toda la vida, dijo en su momento cierto líder del Partido Popular valenciano cazado en una grabación clandestina.

Todos estos casos de corrupción implican a menudo acusaciones o denuncias de financiación ilegal de los partidos, enriquecimiento personal ilícito, desvío de fondos nacionales o de la UE, como en el caso de los ERES en Andalucía que investiga la jueza Alaya, favoritismo y conflictos de intereses. Algunas de las investigaciones más sonadas a nivel regional y local atañen a la supuesta malversación de fondos públicos por cursos de formación para el empleo, en la concesión de paquetes de ayuda a la jubilación anticipada, abusos en los planes de reducción de plantilla o supuestas prácticas corruptas en lo que respecta a los contratos públicos del sistema de inspección de vehículos o a la adjudicación de contratos públicos en el sector de la asistencia sanitaria. Tales casos ponen de manifiesto, según el informe de la UE, la necesidad de un enfoque estratégico específico centrado en la prevención y la lucha contra la corrupción a nivel regional y local, “otorgando prioridad a los sectores vulnerables y garantizando una mayor transparencia de todas las instituciones”. El Parlamento español tendrá la última palabra si es que en realidad tiene la voluntad decidida de terminar con esta lacra.

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