Actualidad, Nacional, Número 4, Reportaje
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Vallas más altas, vallas más crueles

♦ Más de 4.000 inmigrantes en situación irregular consiguieron atravesar la frontera de Ceuta y Melilla en 2013. Cada año 55.000 africanos son víctimas de las mafias que trafican con las personas

♦ Más de 88.000 inmigrantes esperan para dar el salto a la verja en cualquier momento

 

Inmigrantes son trasladados a un centro de internamiento tras ser capturados por la guardia costera. Foto: Pedro Martínez

Inmigrantes son trasladados a un centro de internamiento tras ser capturados por la guardia costera. Foto: Pedro Martínez

Gurb

Reportaje

Por Redacción de Gurb. Viernes, 30 de mayo de 2014

La frontera de Melilla es un polvorín que puede estallar en cualquier momento. En octubre de 2013, después de varios intentos de grupos subsaharianos por saltar la valla de Melilla, el gobierno de Mariano Rajoy decidió instalar las temidas concertinas, y además añadió una malla “antitrepa”, que impide a los inmigrantes introducir sus dedos en la misma cuando tratan de saltar la verja. Vallas más altas, vallas más difíciles de franquear, vallas más dañinas para las personas. “Nuestros gobernantes parecen ser incapaces de pensar en otras formas de gestionar las migraciones”, denuncia el Informe Frontera Sur 2014 de la APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía).

Esta decisión ha provocado una oleada de protestas más que fundadas. Particularmente tras la insensible declaración del Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien primero dijo que estas cuchillas “no sabemos los efectos que pueden tener sobre las personas” y luego que las heridas provocadas por las mismas solo son “superficiales”. En el mismo sentido insistieron el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el delegado del Gobierno en Melilla, Abdelmalik el Barkani, que apeló al exclusivo carácter disuasorio de estos artefactos defensivos. Sin embargo, numerosas ONG han denunciado el carácter dañino de las concertinas y hasta el propio Fiscal General del Estado dio instrucciones para abrir una investigación sobre su legalidad. Los hechos demuestran que las concertinas suponen un grave peligro para la integridad y la vida de los inmigrantes. Desesperados por los disparos de la Gendarmería o los “disuasorios” de la Guardia Civil, los inmigrantes se arriesgan a saltar sobre las cuchillas, que les dañan con profundas heridas. Lo han demostrado fehacientemente los acontecimientos ocurridos el 18 de marzo de 2014 y las estremecedoras imágenes de televisión han puesto de manifiesto la gravedad de las heridas causadas por la alambrada reforzada. La dureza de estas concertinas pueden provocar infecciones graves y en ocasiones la muerte. Así lo ha señalado Paloma López, secretaria confederal de Política de Empleo y Migraciones de CC.OO: “hay concertinas antiguas oxidadas y por lo tanto doblemente peligrosas. En la parte más alta de las vallas de Ceuta, y otras nuevas más o menos recientes a media altura”.

Datos: Ministerio del Interior

Datos: Ministerio del Interior

En la madrugada del 6 de febrero de 2014, aproximadamente 300 personas salieron de distintos puntos de los bosques próximos a Ceuta y llegaron hasta la zona del Tarajal. Las fuerzas marroquíes lograron detener a unos 100 inmigrantes que trataban de culminar lo que ellos denominan “la última carrera”. Entre los arrestados había 10 mujeres. Según los testimonios, unos 200 inmigrantes alcanzaron el mar. Fue en ese momento cuando, según todos los informes, empezó la nefasta intervención de la Guardia Civil española. Al principio, los agentes dispararon al aire, pero cuando los inmigrantes empezaron a alcanzar la zona española, tiraron con pelotas de goma, apuntando a los cuerpos, según testigos presenciales. La Guardia Civil y el ministro del Interior han negado en todo momento estas denuncias. Los africanos aseguran que ni en el agua, ni una vez en territorio español, la Guardia Civil ofreció ningún tipo de socorro. Por el contrario, la violencia continuó, asegura el informe de APDHA. Los guardias rechazaron en el mar a los primeros inmigrantes que lograban llegar a la costa e incluso hicieron uso de las culatas de sus armas reglamentarias para impedir que los inmigrantes se agarrasen a las rocas del espigón. Los que lograron tocar la playa fueron devueltos de inmediato al territorio marroquí, violándose la legislación española e internacional.

Las ONG denuncian que existe un protocolo de salvamento marítimo que la Guardia Civil no activó, a pesar de que los inmigrantes estaban ya en agua españolas. La utilización de balas de goma, de fogueo y de gases sobre civiles desarmados y en el mar constituye una violación de las normativa de Derechos Humanos internacional y europea, incluyendo las disposiciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Todos estos hechos han llevado a numerosas organizaciones a iniciar acciones legales, entre ellas la APDHA. El caso se ha llevado al Parlamento Europeo, que emitirá un dictamen en breve. Los terribles acontecimientos del día 6 cogieron por sorpresa a los responsables políticos y policiales, cuyas explicaciones, vaguedades y ocultamientos han causado sonrojo a la sociedad española. Finalmente, el ministro del Interior tuvo que admitir el uso de material antidisturbios en el agua, pero solo “para marcar la línea de la frontera”. Además, negó que se produjeran expulsiones en caliente, para luego alegar que las expatriaciones se hacen con arreglo a la legalidad. “Toda una cascada de versiones contradictorias sobre los hechos que pretendían justificar una actuación injustificable por parte de la Guardia Civil”, aseguran los responsables de APDHA.

Concertinas en la valla de Melilla

Concertinas en la valla de Melilla. EFE/Alberto Estévez

Las sucesivas comparecencias del Gobierno, incluso en el Parlamento, no han logrado establecer claramente los hechos ni determinar quién dio la orden de disparar sobre los inmigrantes que trataban de salvar la vida desesperadamente ni quien decidió omitir el deber de socorro. “El salto masivo del 6 febrero en Ceuta no fue el primero y de no aplicarse la protección que emana del marco normativo es muy probable que prosigan impunemente”, avisan las ONG. De hecho, justo un día antes de los terribles sucesos, SOS Racismo, Acoge y APDHA exigían la paralización de este tipo de prácticas, que España venía llevando a cabo desde hace más de doce años. También el Defensor del Pueblo español ha investigado, desde el año 2005, diversas denuncias sobre actuaciones de la Guardia Civil relacionadas con estas devoluciones “en caliente”. Este organismo ha concluido que las mismas no son respetuosas con la legislación vigente: “Cuando se intercepte a un extranjero cuyo propósito sea entrar irregularmente en España, la única respuesta posible por parte de los efectivos de la Guardia Civil es la puesta a disposición del Cuerpo Nacional de Policía, para que se incoe el oportuno expediente de devolución”.

La Guardia Civil, a través de sus asociaciones representativas, viene denunciando la falta de medios humanos y materiales para luchar contra la entrada masiva de inmigrantes. Los agentes se ven desbordados mientras que ni los sucesivos gobiernos de Madrid, ni el Parlamento Europeo, han conseguido frenar el incesante flujo de personas desde la frontera africana. Lo peor de todo es que las previsiones para el futuro a corto plazo no son nada halagüeñas. El endurecimiento de las políticas españolas con respecto a los inmigrantes que tratan de entrar en Ceuta y Melilla parece responder a un temor de las autoridades ante una supuesta invasión subsahariana. Se estima que hasta 80.000 africanos esperan para dar el salto de la valla en los próximos meses.

Varios subsaharianos esperan en una gasolinera para trabajar en el campo. Foto: Marcial Guillén

Varios subsaharianos esperan en una gasolinera para trabajar en el campo. Foto: Marcial Guillén

El problema de la inmigración descontrolada, el miedo a la invasión, al otro, siempre lleva aparejada una reacción hostil en ciertos sectores de la sociedad: el racismo y la xenofobia. La organización Médicos del Mundo ha detectado en España un aumento de casos que incluyen comportamientos racistas en el trato del personal sanitario a los inmigrantes, por ejemplo. En 2013, cada paciente que acudió a una consulta en uno de los programas de Médicos del Mundo asociado al Observatorio de la Red Internacional fue encuestado. En toda Europa se encuestó a 16.881 pacientes atendidos, el 95% extranjeros en el país. En España se realizaron 130 encuestas a pacientes atendidos en 11 ciudades; 125 de ellas se realizaron en tres semanas de diciembre. Así, el 33,6% (43,6 casos de 130) aseguró haber sufrido trato racista dentro la estructura sanitaria frente al 6,3% que dijo haberlo sufrido un año antes (6,4 casos de 103), más de 27 puntos; el promedio bruto en Europa es del 5,4%. Hasta el real decreto de reforma sanitaria de abril de 2012, en España había personas que llevaban quince o veinte años acudiendo al sistema sanitario “y que ahora de repente va y le dicen: no tienes papeles, fuera, y, además, con un tono discriminatorio”, aseguran fuentes de Médicos del Mundo.

Inmigración y crisis

En términos relativos, la población inmigrante ha sufrido un duro ajuste durante la crisis económica (su tasa de paro aumentó del 17% que se registraba en 2008 hasta el 29% a finales de 2009, llegando al 36,53% en enero de 2013). En el caso de los inmigrantes, confluyen un gran número de factores que les hacen más proclives a estos recortes del empleo: por un lado, se ocuparon fundamentalmente en los sectores hoy más afectados y, por otro, tienen una menor antigüedad laboral y un mayor índice de temporalidad en sus contratos. En definitiva, son los más expuestos a reestructuraciones laborales, aunque en una medida bastante similar a la de los nacionales que se encuentran en sus mismas condiciones.

Un inmigrante desempleado pide limosna en la calle. Foto Marcial Guillén

Un inmigrante desempleado pide limosna en la calle. Foto Marcial Guillén

Sin embargo, la rotundidad de las cifras presentadas sigue sin ir acompañada del importante descenso, pronosticado desde el inicio de la crisis, del número de residentes legales en España: en el año 2006 residían legalmente en el país tres millones de personas; al finalizar el año 2010 el número de personas que residían legalmente en nuestro país rozaba los cinco millones, y en junio de 2013 el número de extranjeros residentes en España se sitúa en 5.503.977 personas. Lo que sí se ha producido es un descenso significativo del número de personas que intentan acceder de manera irregular a nuestro país. Asimismo, sigue descendiendo el número de solicitudes de autorizaciones de trabajo y residencia temporales (en junio de 2013, por tercer trimestre consecutivo, desciende el número de este tipo de autorizaciones, situándose en 268.083 autorizaciones iniciales en vigor).

Como se ha indicado, los últimos datos oficiales correspondientes al mes de junio de 2013 señalan que 5.503.977 personas extranjeras residen legalmente en España; de ellas 49,11% (2.702.867 personas) son residentes en régimen comunitario (es decir, nacionales de otros Estados miembros de la UE y sus familiares) y el 50,89% (2.801.110 personas) son residentes en régimen general (es decir, trabajadores nacionales de terceros países y sus familiares). Respecto de esta cifra es interesante destacar que el 80% está en edad laboral y que más del 76% son titulares de residencia de larga duración (lo que quiere decir que han adquirido el derecho a residir en España tras haber permanecido legalmente aquí durante cinco años).

Las mafias siguen lucrándose

Según datos de Naciones Unidas, las mafias de la inmigración mueven alrededor de 100 millones de euros con el flujo de personas de África a Europa. Cada año unos 55.000 emigrantes son víctimas de estas redes, que les exigen el pago de hasta 7.000 euros por alcanzar suelo europeo. Solo por cruzar como polizón la frontera de Ceuta, abonan 1.500 euros a guías locales. La agencia europea Frontex maneja unas cifras similares sobre la dimensión de la inmigración irregular en el Mediterráneo. Entre enero y septiembre de 2013 contabilizó más de 45.000 inmigrantes que cruzaron o intentaron cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa. En comparación con 2012, la presión migratoria se ha concentrado en la ruta del Mediterráneo central. Pero también ha crecido en las fronteras de Ceuta y Melilla. En ambos puntos fronterizos, la Guardia Civil contabilizó a 1.667 inmigrantes que intentaron entrar en territorio nacional, un 64% más que en 2012. Las cifras sobre inmigración irregular en España apuntan a un crecimiento de las entradas en las dos ciudades autónomas.

Ilustración: Jorge Alaminos

Ilustración: Jorge Alaminos

Unos 7.550 inmigrantes lograron llegar a España en 2013, según el Balance Migratorio Frontera Sur. El informe destaca también que los inmigrantes se dirigen ahora en mayor medida a Ceuta y Melilla en sus intentos por acceder a territorio español, frente a las costas andaluzas o canarias. Los datos recogen un ligero repunte del número de entradas en casi 560 personas con respecto a 2012, cuando llegaron unos 6.990 inmigrantes sin documentación. Aun así, se mantienen cifras por debajo de las obtenidas en 2009, año en el que se produjo una reducción drástica del 50 %.

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